RÍO DE JANEIRO.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio luz verde a la ley creada por el Parlamento para proteger a las comunidades indígenas del COVID-19, pero vetó algunos puntos clave, según consta en la edición del Diario Oficial de la Unión.
Uno de los puntos anulados por Bolsonaro es el que decía que el Gobierno estaría obligado a poner a disposición de los pueblos indígenas «acceso a agua potable» y a hacer una «distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y de desinfección para las aldeas».
También se vetó un fragmento que determinaba que el Gobierno debería ejecutar acciones para garantizar a los pueblos indígenas «acceso a la oferta de emergencia de camas de hospital y de terapia intensiva», y que el Ejecutivo estaría obligado a comprar «ventiladores y máquinas de oxigenación sanguínea».
Bolsonaro también anuló el punto que exigía que el Gobierno instalase Internet en las aldeas, que distribuyese alimentos a las familias y que facilitase el acceso de los indígenas a la ayuda de emergencia de 600 reales al mes (111 dólares) que el Ejecutivo está dando a millones de trabajadores informales.
En su justificación para estos vetos el Gobierno alega que el texto creaba un gasto obligatorio sin demostrar «el respectivo impacto presupuestario y financiero, lo que sería inconstitucional».
La ley aprobada, que acaba de entrar en vigor, remarca que los indígenas, las comunidades quilombolas, pescadores y demás pueblos tradicionales pasan a ser considerados grupos «en situación de extrema vulnerabilidad» y de alto riesgo en emergencias de salud pública.
A pesar de los retoques de Bolsonaro, la ley sigue obligando al Gobierno a facilitar el acceso a test para detectar COVID-19 y a contratar a profesionales de salud para reforzar el sistema de atención a los indígenas, así como a construir hospitales de campaña en las aldeas y regiones donde sea necesario.
Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el país sumaba 10.300 casos confirmados de COVID-19 entre indígenas y 408 muertes hasta el pasado día 2 de julio.
Los números son mayores que los contabilizados por la Secretaría de Salud Indígena del Gobierno, que asegura que con 6.800 casos y 158 muertes.
Desde la APIB afirman que la diferencia se da porque la Secretaría de Salud Indígena sólo contabiliza a los indígenas enfermos y que fallecen en las aldeas, y deja fuera a los que viven en entornos urbanos.
Fuente: sputniknews.com