La congresista Carolina Lizárraga (PM) presentó una moción para declarar la nulidad de los actos parlamentarios del disuelto Congreso que declararon improcedente y archivaron las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza, Tomas Gálvez, Aldo Figueroa, Martín Hurtado Reyes y Duberlí Rodríguez, implicados en “los CNM Audios”.
Según explicó, el espíritu de su pedido es velar por respeto de los valores y principios constitucionales revisando lo actuado a fin de evitar que la prerrogativa constitucional se convierta en “impunidad constitucional”.
“El disuelto parlamento no cumplió diligentemente con realizar los procedimientos de antejuicio y juicio político a los fiscales supremos y jueces supremos involucrados en el caso CNM Audios”, apuntó.
En ese sentido, la moción pide al Pleno del Congreso declarar la nulidad de esas decisiones por carecer de validez, en tanto no cumplen los requisitos objetivos de finalidad y causa, dado que fueron realizados contrario a la finalidad constitucional y al interés general.
Precisó que, al no existir un procedimiento específico de nulidad, es procedente la competencia del Pleno del Congreso para debatir y votar la nulidad, por ser el máximo órgano parlamentario de deliberación y velar por el respeto de la Constitución y las leyes.
La moción argumenta que el Congreso disuelto ejecutó actos parlamentarios necesarios para que se declare improcedente y se archive las denuncias constitucionales, a efectos de favorecer a los altos funcionarios mencionados.
De ese modo, señala el pedido, se impidió que sea el Pleno del Congreso el que decida si procede o no la imposición de una sanción política por infracciones constitucionales y que el Ministerio Público, a través de sus órganos competentes, pueda investigarlos por los delitos denunciados.
Señala que esos actos respondieron a una voluntad obstruccionista y de blindaje de los congresistas del Parlamento disuelto, dado que sus partidos políticos estaban vinculado a las investigaciones del Ministerio Público por corrupción.
“Como muestra de la relación entre la corrupción judicial y los casos de corrupción de Odebrecht, se logró conocer la existencia de reuniones entre Keiko Fujimori y César Hinostroza. La primera garantizaría el pleno control político en el Congreso y el segundo la red criminal judicial que le permitía la influencia en el sistema de justicia”, precisa. (Andina)