RÍO DE JANEIRO.- La Policía brasileña desarticuló hoy una secta religiosa acusada de someter a sus fieles a condiciones análogas a la esclavitud y que acumuló una fortuna de cerca de 100 millones de reales (unos 28,6 millones de dólares) de donaciones de sus seguidores, informaron fuentes oficiales.
Al menos seis personas fueron arrestadas en una operación para desarticular una organización criminal «que utilizaba una secta religiosa para apoderarse del patrimonio de sus fieles, a los que sometía a trabajos forzados en situación análoga a la de esclavos», según un comunicado de la Policía Federal.
El grupo actuaba en tres diferentes estados de Brasil mediante una secta conocida como ‘Comunidad evangélica Jesús, la verdad que marca’.
Además de arrestar a los supuestos líderes de la organización y de conducir a comisarías a otras 47 personas para que rindan testimonio, los cerca de 190 agentes de la Policía Federal que participaron en la operación bautizada ‘De regreso a Canaan’ ocuparon numerosas propiedades y bienes embargados por la Justicia.
El juez que ordenó la operación embargó al menos setenta inmuebles, vehículos y cuentas bancarias supuestamente adquiridos con el dinero recaudado de los fieles, que eran convencidos a donar todos sus bienes.
«Los fieles, al ingresar a la secta, eran convencidos de donar sus bienes con el argumento de que convivirían en una comunidad en donde todo sería de todos y, en seguida, obligados a trabajar sin recibir nada a cambio», citó el comunicado.
De acuerdo con los responsables por la investigación, los líderes de la secta obligaban a los fieles a trabajar en condiciones precarias en las haciendas en que vivían y en que realizaban sus rituales religiosos, sin ningún tipo de remuneración, y se enriquecían con la producción procedente de esas propiedades.
El 2006 la secta contaba con cerca de 800 seguidores que trabajaban en cinco haciendas en el estado de Minas Gerais (sureste) en comunidades que se decían sin fines lucrativos pero que, según la Policía, actuaban como empresas comerciales.
La operación policial fue realizada en propiedades de siete ciudades de Minas Gerais y en cuatro pequeñas poblaciones del estado de Bahía, así como en la ciudad de Sao Paulo.
Los integrantes de la organización serán acusados por los crímenes de someter a personas a condición análoga a la esclavitud, tráfico de personas, estafa, asociación para delinquir, falsificación y lavado de dinero.
Las actividades de la secta comenzaron a ser investigadas el 2011 y el grupo fue blanco de una primera operación de la Policía Federal el 2013, cuando fiscales del Ministerio de Trabajo inspeccionaron las propiedades rurales para verificar denuncias de trabajo esclavo.