BARCELONA.- El independentista Pere Aragonès no logró este viernes ser elegido presidente regional de Cataluña, al no contar con el apoyo parlamentario del segundo partido secesionista, JxCat, formación impulsada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se abstuvo en la votación.
El partido de Aragonès, Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue el segundo más votado en las elecciones regionales del pasado 14 de febrero, por detrás de los socialistas (PSC), aunque ambos empataron a escaños (33), seguidos JxCat, con 32.
Aragonès, presidente en funciones del ejecutivo catalán, consiguió el apoyo de otro grupo secesionista, los radicales de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), con 9 escaños, pero fue insuficiente para reunir los 68 síes necesarios (mayoría absoluta del Parlamento catalán), por lo que tendrá que haber una segunda votación.
Un acuerdo entre ERC y JxCat reeditaría una coalición similar a la que gobernó Cataluña desde 2012, con la que se desarrolló el proceso independentista frustrado en 2017, aunque en esta ocasión con los republicanos como partido mayoritario.
El portavoz JxCat, Albert Batet, pidió hoy al candidato de ERC que renuncie a esa nueva votación de la investidura hasta que haya un acuerdo entre ambos partidos, pero Aragonès lo rechazó y urgió a negociar «sin demoras» y configurar cuanto antes un nuevo gobierno.
El candidato republicano, que tras las elecciones optó por pactar con los grupos independentistas en vez de acercase a los socialistas, propuso hoy un «acuerdo nacional por la amnistía (para los políticos independentistas presos o fuera de España huidos de la justicia) y la autodeterminación».
Estos principios son opuestos a la propuesta del líder socialista catalán, el exministro de Sanidad Salvador Illa, que hoy defendió una alternativa de izquierdas a un independentismo que insiste en la «confrontación».
La fracasada investidura de Aragonès obliga a una segunda votación el próximo martes, cuando solo necesitará mayoría simple (más síes que noes).
Si no lo consiguiera, se abriría un periodo de dos meses para una nueva investidura y si fracasara, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.
La política catalana lleva años marcada por las demandas independentistas, que ha provocado una importante fractura política y social. EFE