La decisión del Jurado Nacional Electoral (JNE) de Perú de ampliar el plazo para solicitar la anulación de votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo constituye «una amenaza de golpe de Estado«, advirtieron este viernes los representantes de la candidatura presidencial del izquierdista Pedro Castillo.
En una apresurada conferencia de prensa, la candidata a vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, y varios asesores legales salieron al paso de las informaciones confirmadas por medios peruanos de que el JNE, máximo órgano electoral, alargó el plazo legal para pedir la nulidad de votos emitidos por los ciudadanos.
Ese plazo caducó el pasado miércoles a las 20.00 hora local (01.00 GMT del jueves), tal y como establece la norma electoral.
Si bien el JNE aún no lo ha confirmado oficialmente, varios medios y portales de información peruanos afirman que los cuatro miembros del tribunal electoral aprobaron alargar por 48 horas ese límite, hasta las 20.00 hora local de este viernes (01.00 GMT del sábado).
Esto se daría en el contexto del pedido hecho por Keiko Fujimori, candidata de derechas a la Presidencia para que el JNE anule unos 200.000 votos procedentes de zonas donde Castillo ganó con holgura, aduciendo, sin pruebas fehacientes, que allí se había producido «fraude de mesa» e «irregularidades sistemáticas».
Con más del 99 % de los votos escrutados, Castillo será con total certeza el ganador de las elecciones por unos 50.000 votos aproximadamente.
RECURSOS FUERA DE TIEMPO
La inmensa mayoría de las mociones para anular las actas electorales que presentó el partido Fuerza Popular (804 en total) habrían entrado fuera del plazo legal estipulado en la normativa vigente y tan solo unas 175 actas serían susceptibles de ser revisadas.
Efe pudo comprobar que ante el JNE había muchas menos actas para ser impugnadas que las que señaló Fujimori y que, de hecho, un gran número de ellas ya habían sido rechazadas por extemporáneas.
Ante la prensa, Boluarte denunció que uno de los impulsores de la medida dentro del JNE es el fiscal Luis Arce, quien es investigado por su relación con una red de corrupción en la judicatura (Los Cuellos Blancos) vinculada a Fujimori y su partido.
«El señor Arce en contubernio con la ‘Señora K’ (Keiko Fujimori) y la mafia no pueden torcer la voluntad del pueblo peruano. Queremos hacer de conocimiento a las mujeres y hombres de la patria que vamos a defender nuestro voto emitido de manera voluntaria, libre y espontánea», añadió Boluarte.
LEGALIDAD
Por su parte, Aníbal Torres, asesor legal de la campaña de Castillo, recordó que la maniobra del JNE sería inconstitucional tal y como señalan sentencias del Tribunal Constitucional, que estableció que las leyes electorales son «perentorias y perclusivas», es decir, obligatorias y sujetas estrictamente a los plazos vigentes.
«Si el JNE pretende ampliar el plazo, está violando la Constitución y la ley, creando una tremenda inseguridad jurídica. Le hace el juego así a la organización delictiva que ha participado en estas elecciones (el fujimorismo) y que no tendría ningún escrúpulo de llevar al país a la guerra civil para que sus intereses y privilegios no se vean afectados», añadió.
El equipo de Castillo indicó que está evaluando qué medidas tomar en el momento en que se haga efectiva la decisión del JNE, que irán orientadas a mantener «el Estado de Derecho y la seguridad jurídica».
También pidieron a los observadores internacionales que participaron en las elecciones que «tomen cartas en el asunto» y vigilen para que el «JNE retire su pretensión torpe de querer dar un golpe de Estado».
«El pueblo no se va a prestar para semejante juego y desde acá llamamos a toda la ciudadana ya estar alertas y defender el voto», añadió Boluarte. EFE