SÍDNEY (Australia).- Un tribunal de Australia se pronunció este jueves a favor de la extradición a Chile de Adriana Rivas, presunta torturadora del régimen del general Augusto Pinochet y acusada en el país latinoamericano por la desaparición de siete personas en la década de 1970, entre ellas una embarazada.
La jueza Wendy Jane Abraham del Tribunal Federal Australiano dijo en una breve sesión en Sídney que Rivas «es elegible» para la extradición, al desestimar la apelación que hizo la defensa de la ex agente de Pinochet contra el fallo de una instancia inferior, emitido el 29 de octubre y que accedía a su entrega a Chile.
La jueza también ordenó en la vista de este jueves, a la que accedió Efe por videoconferencia, que Rivas pague los costes legales del Estado chileno, que representó a Chile para pedir la extradición.
La vista se celebró de forma virtual debido a las restricciones de distanciamiento físico y límites a las reuniones impuestas en la ciudad de Sídney por un brote de la Covid-19.
El fallo aún puede ser apelado ante el pleno de los magistrados del Tribunal Federal Australiano, aunque solamente basándose en la posibilidad de que exista un error en la interpretación o aplicación de la ley, explicó a Efe la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de seis de las víctimas atribuidas a Rivas.
Se presume que la ciudadana chilena, de 68 años, detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney desde febrero del 2019, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
A Rivas, quien defiende su inocencia, se le atribuye una presunta participación en el «secuestro agravado» de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976.
También se le ha implicado en la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.
Se presume que la chilena de 68 años, detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney desde febrero del 2019, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta del régimen de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, su máximo jefe.
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