Miles de pequeñas y medianas empresas podrán incorporarse a la economía en los próximos meses, en una de las reformas económicas más importantes llevadas a cabo por el gobierno de la isla desde que inició la nacionalización en la década de 1960.
Esta semana, el gobierno de Cuba dio detalles de una reforma que permitirá el establecimiento de pequeñas y medianas empresas por primera vez desde 1968, poniendo fin al limbo legal en el que muchas han existido durante años en la isla.
La ley también se aplicará a las pequeñas y medianas empresas estatales, allanando el camino para la descentralización de algunas actividades y obligando a que las operaciones subsidiadas se vuelvan rentables, según economistas cubanos.
El sábado 7 de agosto, el Consejo de Estado de Cuba aprobó ocho decretos-leyes que reglamentan la normativa aprobada en junio por el presidente Miguel Díaz-Canel, y que a su vez las clasifica en micro, pequeña y mediana, según el número de empleados.
Las empresas podrán ser de propiedad estatal, privada o mixta, aunque se consideran ilegales las de sectores considerados «estratégicos» para el Estado como salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otros que ya estaban vetados para los trabajadores autónomos en el país.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo en una presentación televisada el pasado miércoles que las medidas pondrían a las empresas estatales y privadas en igualdad de condiciones para competir, trabajar juntas y crear empresas conjuntas, como en los países capitalistas.
Es así como las nuevas mipymes podrán acceder al sistema mayorista estatal, importar y exportar, fijar precios y atraer inversión extranjera, pero dentro de un entorno empresarial dominado por el Estado donde dichas actividades permanecerán fuertemente reguladas, según varios ministros que comparecieron con Gil.
Además, las compañías están limitadas a no más de 100 empleados y las personas solo pueden ser propietarias de una sola, según un decreto ley publicado por el Consejo de Estado a comienzos de este mes.
Sin embargo, es un paso bienvenido para muchos empresarios y la mayoría de los economistas que llevan mucho tiempo pidiendo reformas de esta clase para sacar al país de la crisis económica que se vio agravada por la pandemia del Covid-19.
Con información de efe y agencias de noticias