El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que la meta hacia el 2022 es lograr reparaciones civiles por S/ 145.7 millones en casos de corrupción, superando los S/ 133.7 acumulados durante el 2020.
El ministro hizo este anuncio al sustentar el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022 de su sector ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso.
En el caso de la Procuraduría Especializada para el caso Odebrecht, indicó que las reparaciones civiles pasarán de S/ 102.1 millones y US$ 600 mil del 2020 al S/ 163.3 millones y US$ 4 millones acumulados hacia el ejercicio 2022.
#AHORA El ministro Aníbal Torres se presenta ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del @congresoperu para exponer el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022 del sector Justicia y Derechos Humanos. pic.twitter.com/5NHmW7W0Br
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 14, 2021
«En el presente año la meta es de S/ 122.1 millones soles y US$ 2 millones», señaló el titular del Minjus.
Además, Torres detalló que los casos de corrupción que se vienen atendiendo son 157 al 2020 en términos acumulados y estimó 165 para el presente año y la meta para el 2022 es de 170.
Informó también que los casos de corrupción, a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, pasarán de 48 777 expedientes administrados el 2020 al 56635 al 2022.
En cuanto a las inversiones del sector Justicia para el 2022, se contará con un presupuesto de S/ 224 millones que serán destinados al mejoramiento de los servicios de Justicia en materia penal y no penal, la construcción de penales y de oficinas registrales en el país. pic.twitter.com/YSZgq3AGkQ
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 14, 2021
Enfatizó que los logros y metas de su portafolio están orientadas a cinco áreas: servicio de justicia al ciudadano, principalmente a quienes se encuentra en situación de pobreza vulnerabilidad, derecho humanos, política criminológica y reinserción social, cultura de legalidad, asesoría y defensa de los intereses del Estado.
Respecto al primer eje, refirió que en los servicios relacionados a la asistencia legal gratuita a la población de escasos recursos, la meta para el 2022 es atender a 600 mil personas superando a las 516 mil personas atendidas el 2020.
Fuente: Andina