Amnistía Internacional (AI) urgió este martes al presidente de Perú, Pedro Castillo, a dar prioridad a la búsqueda de mujeres desaparecidas en los primeros meses de su Gobierno y reconocer la desaparición como una forma de violencia de género en el país, donde cada 45 minutos desaparece una mujer.
«Es un tema que necesita de voluntad política y recursos y por eso pedimos hoy directamente al presidente Castillo que ponga como prioridad la búsqueda de mujeres desaparecidas en estos primeros meses de su mandato», declaró Marina Navarro, directora ejecutiva de AI Perú, durante la presentación virtual del informe «Perú: Las mujeres que nos faltan».
El estudio, realizado junto con la organización feminista Flora Tristán, insta a las autoridades peruanas a eliminar los obstáculos que enfrentan los familiares de las mujeres desaparecidas en los procesos de búsqueda, lastrados por la discriminación, el machismo y la negligencia de las instituciones.
Esto pasa ineludiblemente por reconocer la desaparición como una forma de violencia de género, teniendo en cuenta que el 63 % de las personas reportadas como desaparecidas en 2020 en Perú fueron mujeres (11.828) y, de estas, el 62 % tenían entre 12 y 17 años.
«Desaparecen por el hecho de ser mujeres» y por eso «tenemos que hablar de una forma específica de violencia basada en género, que además está vinculada a otras violencias, como la sexual, la trata y los feminicidios», sostuvo Navarro, quien señaló que el 25 % de los casos de feminicidio consumados el año pasado en el país andino habían sido denunciados previamente como desapariciones.
A pesar de que en 2020 se avanzó con la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renidep), el informe alerta que el sistema de búsqueda peruano aún carece de enfoque de género y dista de ser interinstitucional.
En este sentido, destaca la indolencia y la cultura machista que trasciende a la búsqueda de mujeres y, en concreto, las limitaciones y la falta de capacitación de las unidades policiales que investigan los casos.
Para ilustrarlo, el estudio recoge los testigos de cinco familiares de mujeres desaparecidas que demuestran las trabas que estos atraviesan para interponer denuncias, iniciar formalmente investigaciones y acceder a una información clara sobre el proceso.
«En muchos casos no reciben denuncia y si lo hacen está cargada de estereotipos de género. Hay muchas demoras, no se hacen las diligencias y no se informa a los familiares de estas», explicó Navarro.
«INDOLENCIA Y HUMILLACIÓN»
Así lo ratificó durante la presentación virtual del informe Gastón Alvarado, hermano de Karin Alvarado, una mujer desaparecida en agosto de 2019 en Lima.
«Lo más triste es la indiferencia, la indolencia y hasta la humillación que yo y mis familiares hemos recibido de parte de varias instituciones del Estado (…). Todo el mundo me peloteaba, no había ninguna clase de apoyo, ni siquiera del Ministerio de la Mujer«, espetó el hombre.
Tras superar varios obstáculos, Alvarado logró interponer la denuncia sobre la desaparición de su hermana, pero aún hoy, dos años después de verla por última vez, sigue sin respuestas: «No sé nada de nada, no tengo conocimiento del caso», se lamentó.
Ante tal «desidia del Estado», Flora Tristán también se sumó al llamado a las autoridades peruanas a que «cumplan con la debida diligencia estricta» y eliminen las barreras para «acceder a la justicia».
«Las mujeres no desaparecemos solas, nos desaparecen. Y esto es algo que tiene que ser sancionado y erradicado», aseveró Liz Meléndez, directora ejecutiva de esta organización feminista. EFE