LA PAZ (Bolivia).- Los gremios de la prensa de Bolivia exigieron este viernes garantías al Gobierno luego del secuestro y torturas que sufrieron siete trabajadores de medios de comunicación en Santa Cruz, durante una cobertura por avasallamiento y conflictos de tierras.
«Rechazar vehementemente la acción cobarde y alevosa contra nuestros compañeros que fueron a cubrir una información y se vieron sorprendidos por encapuchados armados que los secuestraron por el solo hecho de estar trabajando», señala en un comunicado la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz.
Los periodistas afectados durante una cobertura organizada este jueves por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) fueron Jorge Gutiérrez, Silvia Gómez, Sergio Martínez, Mauricio Egüez, Nicolás García, Percy Suárez y Róger Ticona, quienes pertenecen al diario El Deber y a las cadenas de televisión Unitel, UNO, ATB y PAT.
En el comunicado se piden «garantías constitucionales» al Gobierno para los periodistas que según varias versiones fueron secuestrados, torturados y amenazados de muerte durante siete horas por un grupo de avasalladores de terrenos en un predio de la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.
Encapuchados y armados
Los comunicadores fueron atacados por un grupo de personas que «salieron de la nada», relató este viernes a medios locales el camarógrafo Percy Suárez.
Suárez logró captar en video el momento de la emboscada que se dio a pesar de la presencia de la Policía donde se ve que sujetos con los rostros cubiertos y con rifles amenazan a esa comitiva y lanzan disparos al aire y a las llantas de los vehículos hasta que un golpe de arma detuvo su grabación.
«Nos llevaron a su campamento, en un galpón. Nos pusieron boca abajo», luego «empezó la tortura (con) golpes patadas, caminaban por encima de nosotros», detalló.
Omar Roca, uno de los propietarios del predio avasallado, contó a los medios que logró escapar con otras personas en un vehículo pero que los sujetos armados tomaron otro vehículo para perseguirlos y finalmente capturarlos llevándolos al campamento donde también estaban los periodistas.
Ahí «empezó la tortura física» y «después de que nos golpearon comenzó la tortura sicológica porque nos hablaban de matarnos, de quemarnos» mientras disparaban al aire y «pasaban machetes junto a nuestras cabezas», relató Roca durante una rueda de prensa convocada por Anapo.
Fotografía de un altar durante una protesta de periodistas hoy, en Santa Cruz (Bolivia). Los gremios de la prensa de Bolivia exigieron este viernes garantías al Gobierno luego del secuestro y torturas que sufrieron siete trabajadores de medios de comunicación en Santa Cruz. EFE/ Juan Carlos Torrejón
Abrirán investigación
«Vamos a realizar todas las acciones correspondientes para llegar a la verdad material de lo que sucedió en todos estos hechos y las personas responsables serán puestas ante la justicia boliviana», declaró en La Paz el ministro de Gobierno (Interior), provincia Guarayos.
El ministro explicó que en la víspera la Policía mediante una «pequeña negociación» consiguió que el «grupo de personas que había retenido» a los periodistas los dejara ir y que se harán los esfuerzos «para llegar a la verdad material» de lo que sucedió.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, escribió en Twitter que no se van a «tolerar situaciones similares, vengan de donde vengan, que pongan en riesgo la vida y los derechos de los bolivianos. Rechazamos enfáticamente la retención ilegal de periodistas por parte de grupos desconocidos en la región de Guarayos».
En la región oriental y amazónica de Bolivia, principalmente en Santa Cruz, la más grande y motor económico del país, se vive una permanente tensión por la tenencia de tierras que enfrenta a sectores locales con aquellos que provienen de otras zonas, varias que dicen ser afines al Gobierno.
El problema por la tierra ha hecho que incluso varias poblaciones indígenas de tierras bajas protesten por el avasallamiento de sus territorios por parte de grupos llegados del occidente del país a los que acusan de asentarse ilegalmente para luego vender esos terrenos.
Foto EFE