La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por «incapacidad moral permanente», lo cual podría tener impactos en la separación de poderes y la institucionalidad democrática de Perú.
«Sin prejuzgar el extendido debate constitucional interno sobre esta figura (vacancia o destitución presidencial), la CIDH nota que ésta mantiene una falta de definición objetiva, lo que permite un alto grado de discrecionalidad que puede socavar la separación e independencia de los poderes públicos y la gobernabilidad del país», señaló el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
En ese sentido, insistió en la importancia de que los mecanismos de control constitucional del Estado peruano funcionen en forma independiente y oportuna a fin de que puedan interpretar la correcta aplicación o no del artículo constitucional de la vacancia y limiten «cualquier tipo de discrecionalidad inconsistente con la democracia».
Por otro lado, la CIDH también expresó su preocupación por el «uso reiterado» de dicha figura, que en los últimos cinco años ha sido utilizada por el Congreso peruano en cuatro oportunidades que acabaron con la destitución de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020).
Castillo tras rechazo a moción de vacancia: Demos fin a las crisis políticas
El último intento se materializó el pasado 10 de noviembre, cuando fue presentada una nueva solicitud de vacancia contra el actual presidente, Pedro Castillo, quien asumió el poder el pasado 28 de julio.
La iniciativa, que perseguía declarar a Castillo «incapaz moral permanente» por, entre otras cosas, presuntamente haber ejercido presiones para ascender irregularmente a allegados suyos en las Fuerzas Armadas, fue desestimada el 7 de diciembre al obtener 76 votos en contra frente a 46 a favor y 4 abstenciones.
Este primer envite se quedó, por tanto, a seis votos de conseguir los 52 necesarios para admitir a trámite la moción y, con ello, abrir un proceso de vacancia presidencial que se resolvería en un máximo de diez días.
De hecho, la moción apenas pudo conseguir apoyos más allá de los tres partidos de derechas que la promovían, el fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País.
Son los mismos tres partidos cuyos integrantes apoyaron las denuncias de fraude electoral lanzadas sin pruebas por Keiko Fujimori tras perder las elecciones presidenciales ante Castillo, a quien niegan su legitimidad como presidente y al que acusan de llevar al país hacia el «comunismo».
EFE