El pleno del Congreso aprobó la cuarta acusación constitucional contra Alan García. Esas fueron derivadas de los informes que elaboró la denominada megacomisión, que investigó presuntos actos de corrupción durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).
Caso narcoindultos
El 19 de junio de 2014, el Parlamento aprobó el informe sobre el caso «narcoindultos», que recomienda una acusación constitucional contra García Pérez y sus exministros Aurelio Pastor y Rosario Fernández, por infracción a la Constitución.
Según el informe, García violó los artículos 8, 39, 43, 44, 45 y los incisos 1 y 9 del 118, al otorgar gracias presidenciales a favor de sentenciados por narcotráfico, un caso judicializado que no ha incluido al exmandatario.
La «megacomisión» concluyó que en el gobierno aprista se cobraron fuertes cantidades de dinero a condenados por narcotráfico, como pago para otorgarles indultos y conmutaciones de pena.
El caso se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Colegios emblemáticos
El 12 de marzo de 2015, se aprobó 2 informes de la «megacomisión» sobre los casos Business Track (BTR) y colegios emblemáticos.
Respecto a la presunta corrupción en la remodelación de colegios emblemáticos, se recomendó acusar constitucionalmente al expresidente aprista, por promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009, que permitió las obras que en varios casos no se terminaran.
También se pidió denuncia penal contra los exministros de Educación, José Antonio Chang.
En cuanto a BTR, el informe de la megacomisión recomendó denunciar penalmente al expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; y los exministros Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca.
El proceso está pendiente de discusión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Aeródromo de Collique
La «megacomisión» también concluyó que en la venta del terreno del aeródromo de Collique hay indicios de acciones irregulares, que causaron un perjuicio para el Estado de aproximadamente US$ 73 millones. Ese informe fue aprobado por el pleno el pasado 16 de abril.
Según el documento, Alan García emitió irregularmente el decreto supremo Nº 002 –2009 que permitió la venta del terreno donde funcionaba una base de la FAP, al consorcio GyM Besco S.A., formado por Graña y Montero y la chilena Besco, para construir un conjunto habitacional que nunca se hizo.
La denuncia está pendiente de discusión en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Agua para Todos
El informe sobre el programa Agua para Todos fue aprobado ayer por el pleno e incluye la formulación de una denuncia constitucional contra el exmandatario y sus exministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca.
Son acusados por infracción constitucional y asociación ilícita para delinquir, por supuestamente haber aprobado normas y procedimientos para justificar la millonaria inversión en el programa, flexibilizar los controles para favorecer a empresas, ocasionando perjuicio económico al Estado.
La presunta infracción constitucional se daría sobre el inciso 19 del artículo 118° y el artículo 125° de la Constitución, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir.
Ello, tras la emisión de la Ley 28870 y Decreto Supremo 020-2006 del sector Vivienda, que declaró en emergencia el sector de saneamiento con una transferencia de más de 4,000 millones de soles para financiar 1,165 obras.
La acusación contra Alan García y sus ministros pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.