El pleno del Congreso rechazó admitir a debate tres mociones de censura presentadas en contra de las integrantes de la Mesa Directiva, como la presidenta María del Carmen Alva (AP), Lady Camones (APP) y Patricia Chirinos (Avanza País).
En el caso de la primera moción de censura, presentada contra la Alva y Camones, esta obtuvo 36 votos a favor, 70 en contra y 16 abstenciones, denegando de esta manera la admisión a debate de la solicitud presentada por la bancada de Perú Libre a solicitud de Silvana Robles Araujo (PL), la misma que pasó al archivo.
La sustentación la efectuó el legislador de Perú Libre, Alex Flores, quien indicó que ambas integrantes de la Mesa Directiva no tienen la idoneidad para ocupar dichos y por carecer de capacidad de consenso, también por haber participado en la reunión financiada por la Fundación Friedrich Naumann, donde según un semanario local se habló de la vacancia presidencial.
En tanto, la segunda moción de censura fue presentada en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, obtuvo 35 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones, siendo también enviada al archivo.
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La moción, promovida por la bancada de Perú Democrático, también se sustentaba por lo ocurrido el pasado 9 de febrero en un hotel del distrito de San Isidro, donde se reunieron integrantes de un grupo de bancadas del Congreso.
Por último, la moción de censura contra la tercera vicepresidenta Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), tampoco fue admitida a debate al lograr 37 votos a favor, 65 en contra y 11 abstenciones.
Con 70 votos en contra, el #PlenoDelCongreso rechazó la admisión a debate de la Moción 2042, que propone censurar a la presidenta del Congreso por atentar contra la Constitución en sus artículos 43° y 45° respeto a la voluntad popular y el estado de derecho.
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 1, 2022
La sustentación de esta moción se basaba en que Chirinos Venegas afectan con sus reiteradas acciones, tales como la moción de vacancia contra el presidente de la República y sus declaraciones falsas brindadas en el exterior que dañan la imagen de nuestro país, afectando el equilibrio de poderes, la democracia y la gobernabilidad.
Asimismo, porque sus acciones no se ajustan al respeto, ética y tolerancia con la que debe desempeñarse un alto funcionario del Congreso de la República.
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