El procurador supranacional, Carlos Reaño, señaló que el Estado peruano acatará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante la solicitud de medidas provisionales que presentaron familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
Ante la pregunta de la jueza Patricia Pérez Goldberg sobre la postura del Estado peruano respecto a la solicitud, durante la audiencia pública de la Corte IDH, el procurador supranacional señaló que acatarán la decisión de la Corte IDH.
“El Estado acatará precisamente lo que la corte considere. Si la Corte considera que las medidas se encuentran satisfechas de las medidas provisionales, el Estado tomará a bien esta resolución de medidas provisionales; y/o en su defecto una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias”.
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Asimismo, ante la insistencia de la posición del Estado peruano, el procurador indicó que “el Estado considera que los elementos están dados para que la Corte otorgue las medidas provisionales”.
CIDH
Durante la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que, en la resolución del Tribunal Constitucional (TC) a favor del expresidente Alberto Fujimori, no se cumplió con el fallo emitido por la Corte IDH en 2018.
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“La Comisión entiende que la situación es de extrema gravedad en la medida en que se ha restituido un indulto humanitario de carácter discrecional y cuya convencionalidad fue cuestionada en 2018 por esta honorable Corte. En dicha oportunidad la Corte indicó que con el otorgamiento de dicho indulto el Estado no dio cumplimiento total a las obligaciones en materia de justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta”, señaló el representante de la CIDH.
Además, señaló que el TC no analizó otras medidas -que sin ser perdón- puedan proteger al expresidente en caso de que su detención ponga en riesgo su vida.
En consecuencia, la CIDH solicitó que se realice una supervisión reforzada y que se determine que el indulto discrecional constituye un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia del Caso Barrios Altos y La Cantuta.
En la audiencia pública de la Corte IDH también estuvieron presentes la representante y el abogado de las víctimas, Gloria Cano y Carlos Rivera, respectivamente; el procurador adjunto, Carlos Llaja; y las juezas y jueces de la Corte IDH, la cual fue presidida por el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique.
ANDINA