La Comisión Permanente del Congreso acordó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe final sobre la denuncia por presunto delito de traición a la patria presentada contra el presidente de la República por sus declaraciones sobre la posibilidad de otorgarle un acceso soberano al mar a Bolivia.
El grupo parlamentario dispuso otorgar dicho plazo por 17 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
Previamente, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, informó que la presidenta de la Subcomisión, Rosío Torres, corrió traslado de un oficio presentado por el congresista Segundo Quiroz (Perú Libre), donde pide la nulidad del informe.
Al respecto, Alva señaló que la nulidad no está prevista dentro del procedimiento parlamentario y que existen otros mecanismos para ello, por lo que el pedido no puede ser procesado.
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La denuncia constitucional 219 contra el presidente Pedro Castillo está referida a las declaraciones del jefe de Estado a la cadena CNN, con respecto a una supuesta intención de otorgar mar a Bolivia.
Con 19 votos a favor, #ComisiónPermanente aprobó dar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar informe final de la DC 1, contra el exministro Juan Carrasco, declarada en un extremo procedente.
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— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 13, 2022
Durante la sesión de la Comisión Permanente se aprobó también otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y remitir un informe final sobre dos denuncias contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Se trata de las denuncias constitucionales 209 y 231 (acumuladas) y 215.
Asimismo, se dispuso conceder el mismo plazo para la presentación del informe final de la denuncia constitucional 107, contra Ávalos Rivera y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En tanto, se desestimó otorgar el mismo para la denuncia constitucional que involucra al expresidente Martín Vizcarra y exministros de su gobierno vinculados al caso ‘Vacunagate’.
ANDINA