MADRID.- El gobierno de España ha aprobado este martes un Real Decreto por el que, por primera vez, el Tribunal de Cuentas auditará los gastos de la Casa Real española. La decisión ha sido tomada de acuerdo con La Zarzuela y supone un paso hacia la transparencia de esta institución.
La nueva norma reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real y ha sido aprobada un día después de que el rey Felipe VI hiciera público, de manera voluntaria, su patrimonio, que asciende a algo más de 2,5 millones de euros.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mostrado «su satisfacción» y ha afirmado que «hoy la monarquía da un paso adelante en rendición de cuentas y se homologa a los más altos estándares de las casas reales europeas».
Hasta la fecha, la Casa Real solo publicaba su economía de manera genérica, sin entrar al detalle, mientras que a partir de ahora será fiscalizada como cualquier otro organismo que gestione fondos públicos. Así, se establecerá un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para la realización de auditorías.
La medida llega después de unos años en los que la Casa Real española ha estado rodeada de escándalos de índole económico relacionados con las actividades empresariales del anterior monarca, Juan Carlos I, padre de Felipe VI, que le llevaron a estar investigado tanto en tribunales españoles como en Suiza.
LAS CRÍTICAS
Tanto el real decreto como la publicación del patrimonio del monarca han recibido la crítica de quien fuera vicepresidente del Gobierno hasta mayo de 2021, Pablo Iglesias, que lo ha calificado de «una operación de maquillaje de la monarquía» y de «una cortina de humo en una semana en la que se está reconociendo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espía a representantes públicos».
Sin embargo, no ha sido la única crítica recibida, sino que se cuestiona también por qué no se ha hecho el mismo ejercicio de transparencia con el patrimonio de la reina Letizia, quien recibe 159.000 euros anuales del erario público, pero sobre quien la Casa Real alega que no realiza ninguna función constitucional, a diferencia del rey.
Asimismo, se ha cuestionado el monto del patrimonio que ha declarado el rey, habida cuenta de que su remuneración asciende a 259.000 euros anualesdesde 2014 y alrededor de 140.000 euros los ejercicios anteriores, cuando aún no había sido coronado. Lo que significaría que no habría gastado ni un euro en los últimos 12 años.
Pero, sobre todo, se denuncia que mientras se mantenga la inviolabilidad del rey, cualquier ejercicio de transparencia es vacuo, puesto que si realizara cualquier ilícito penal no podría ser perseguido por la Justicia. Esto fue lo sucedió con su antecesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I, cuyas causas en España se archivaron por estar cubiertas por esa prerrogativa constitucional o por prescripción, a pesar de haber sido constatada la existencia de los delitos.
Además, el ejercicio voluntario de transparencia realizado este lunes con la publicación del patrimonio del monarca también ha estado envuelto en la polémica después de que haya trascendido que la Casa Real informó a todos los grupos parlamentarios con la excepción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JuntsxCat), EH-Bildu, Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y Bloque Nacionalista Galego (BNG). De hecho, Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, socio del Partido Socialista en el Gobierno, ha asegurado que su formación tampoco fue informada.
Con información de agencias de noticias