LONDRES (Reino Unido).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió hoy con la esposa del fundador de WikiLeaks Julian Assange, Stella Assange, y sus abogados españoles, Baltasar Garzón y Aitor González.
Según informó en Londres la Campaña contra la Extradición de Assange, en el encuentro celebrado este jueves en Ginebra, Bachelet recibió información de primera mano sobre las violaciones a los derechos humanos a que esta siendo sometido el periodista australiano.
También le explicaron el riesgo que corre su vida de ser extraditado a Estados Unidos, y las implicaciones para la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.
Assange está encerrado en una prisión londinense desde abril del 2019, cuando el entonces presidente ecuatoriano Lenin Moreno le retiró el asilo político otorgado siete años atrás por su antecesor, Rafael Correa.
En junio pasado, el gobierno británico consintió en extraditarlo a EEUU, que pretende juzgarlo por exponer en WikiLeaks crímenes de guerra cometidos por sus militares en Iraq y Afganistán, y otros secretos de la diplomacia estadounidense.
La defensa del periodista australiano apeló la orden de extradición dada por la ministra del Interior, Priti Patel, y el caso podría reanudarse en el otoño ante el Tribunal Superior de Londres.
En este sentido, los abogados Garzón y González explicaron a Bachelet que actualmente existen dos apelaciones pendientes que serán solventadas por esa corte británica.
La primera está relacionada con la decisión de Patel de entregar a Assange a EEUU; y la segunda, agrega el comunicado, tiene que ver con los aspectos denegados por la jueza de primera instancia que en un inicio se opuso a extraditarlo solo por motivos de salud.
En opinión de la defensa del fundador de WikiLeaks, algunos de esos elementos suponen un gravísimo atentado, no sólo a los derechos de Assange, sino a la libertad de prensa en el mundo.
También pusieron al tanto a la funcionaria de la ONU sobre todas las limitaciones que se han venido sufriendo en el ejercicio del derecho de defensa, y las recientes revelaciones de que la CIA espió a los abogados y periodistas que visitaron al ciberactivista en la embajada ecuatoriana, e incluso planeó su secuestro y asesinato.
Stella Assange, por su parte, informó a Bachelet del delicado estado de salud que atraviesa su esposo, y recordó los diversos informes médicos que confirmaron el riesgo de morir en prisión o de que cometiera suicidio en caso de ser extraditado a EEUU.
De ser extraditado y juzgado en un tribunal norteamericano, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos que se le imputan.
Al respecto, los abogados explicaron a la Alta Comisionada de la ONU que esa sentencia, que equivaldría a una cadena perpetua de facto, viola el principio de proporcionalidad, pues su cliente sólo publicó información relativa a crímenes internacionales.
Fuente Prensa Latina / foto