El Ministerio Público inició la campaña #NoCometasDelitosElectorales, para advertir y concientizar sobre qué conductas constituyen delitos que atentan contra la libertad y derecho al sufragio y pueden acarrear pena de cárcel.
En ese sentido, la institución informó que el perturbar o impedir el desarrollo del proceso electoral usando violencia o amenaza es sancionado con pena privativa de la libertad entre 3 y 10 años.
Mientras que impedir a un elector ejercer su derecho al sufragio, obligarlo a votar en un sentido determinado, o inducirlo mediante algún beneficio a que no vote o lo haga en otro sentido, se castiga con penas entre 1 y 4 años.
Además, la suplantación de votantes, votar más de una vez en la misma elección o sufragar sin tener derecho también constituyen delito y se sancionan con penas de entre 1 y 4 años.
Falsificar o destruir registros electorales, DNIs o actas de escrutinio, u ocultar, retener o hacer desaparecer estos documentos para dificultar la elección o falsear su resultado, también se castiga con pena privativa de la libertad entre 2 y 8 años.
Mientras que sustraer, destruir o sustituir ánforas usadas en una elección antes del escrutinio para afectar su resultado, o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, tiene una pena de cárcel de entre 2 y 8 años.
Asimismo, alterar el resultado de una elección o imposibilitar el escrutinio para afectar los resultados, o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, se sanciona con pena privativa de la libertad entre 2 y 8 años.
Delitos más frecuentes
Cabe destacar que, en las pasadas elecciones regionales y municipales de 2018, se intervino a 145 ciudadanos en 26 distritos fiscales de todo el país. De ellos, 49 cometieron el delito de suplantación de votantes, otras 29 personas realizaron propaganda electoral durante las horas en las que esta acción se encontraba prohibida, mientras que 24 personas fueron intervenidas por perturbar, impedir o inducir a no votar.
Asimismo, nueve fueron intervenidas por daños agravados, resistencia o desobediencia a la autoridad, ocho por publicidad ilegal del sentido del voto y otro número similar por “incumplir la ley seca”, entre otros delitos o prohibiciones.