LONDRES (Reino Unido).- Amnistía Internacional ha emplazado a los Estados de los países de América a adoptar medidas «urgentes» para combatir la desigualdad y la discriminación y garantizar el disfrute pleno de los derechos económicos sociales y culturales en la región.
Asimismo, deben garantizar la protección de las personas refugiadas y migrantes, quienes enfrentan altos niveles de violencia y discriminación basada en su género, raza o nacionalidad, entre otros factores, destaca la organización en una carta abierta remitida a los jefes de Estado que asistirán a la 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«El tema principal de la Asamblea General de la OEA es ‘Juntos contra la desigualdad y discriminación’, pero ya es hora que los Estados vayan de las palabras a la acción urgente para enfrentar los fallos sistémicos que previenen la plena realización de los derechos humanos de todas las personas en la región», ha planteado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas (foto). Para ello, considera necesaria una «acción integral para desmantelar la desigualdad, el racismo y la discriminación».
Amnistía recuerda que ha documentado ya cómo la pandemia de Covid-19 puso de manifiesto y exacerbó las profundas desigualdades estructurales de las Américas, con origen en factores económicos, raciales y de género. «Muchas personas de la región, entre ellas mujeres, personas indígenas y afrodescendientes sufrieron efectos desproporcionados respecto del derecho a la vida, a la salud, a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al trabajo», ha destacado la organización.
Además, considera que las medidas de emergencia que han adoptado los Estados para hacer frente a la pandemia no han sido suficientes para cumplir con su deber de erradicar la discriminación y promover activamente la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos humanos, en especial los derechos económicos y sociales.
Señala por otra parte «problemas estructurales» en los sistemas de salud de las Américas en términos de acceso gratuito y universal, suficiencia de recursos presupuestarios y humanos, lo que hace que los sistemas sanitarios no cumplan con los requisitos de accesibilidad, disponibilidad, calidad y pertinencia cultural que establece el derecho a la salud.
Casi todos los países de la región gastan menos del 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en salud pública, que es el estándar establecido por la Organización Panamericana de la Salud para alcanzar la cobertura universal de salud.
Los Estados de las Américas deben, como mínimo, garantizar que el gasto público en salud sea de al menos el 6 por ciento del PIB tal como lo establece la OPS. Para lograr esto, deben organizar su política fiscal, tanto en la recaudación como del gasto, a fin de buscar de forma progresiva la reducción significativa de la discriminación y desigualdad.
Fuente Europa Press / foto Twitter