La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), hoy 12 de noviembre, al cumplirse dos años de la fecha en la que se produjo la mayor cifra de agresiones a periodistas en cobertura de protestas en la última década, se dirige a la opinión pública y al Estado para recordar la necesidad de garantizar la seguridad de quienes tienen la responsabilidad de informar.
En la fecha recordamos la represión policial cometida durante la semana de protestas en defensa de la democracia. Según el registro de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP, entre el 9 y 16 de noviembre del 2020 fueron cometidos 40 ataques contra periodistas y medios de comunicación; de estos, 30 fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Considerando estos hechos, desde la ANP hacemos una llamada de atención al Estado Peruano, representado por todos los poderes y niveles de gobierno, así como las entidades que lo conforman, a procurar en todo momento las disposiciones de los organismos del sistema interamericano y universal de Derechos Humanos.
En ese sentido, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala (en el informe sobre “Protesta y Derechos Humanos”) que “si bien el Estado debe abstenerse, de modo general, de usar la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, debe formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, comunicadores, activistas movimientos sociales, referentes y líderes sociales en el contexto de protestas, en función del rol que juegan estos actores en la prevención, monitoreo y control de la actuación del Estado” (293).
El mismo documento recomienda que “debe tenerse especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotoreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad; la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente” (355).
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité de Derechos Humanos, señala en la Observación General 37 que “los agentes del orden que participan en la vigilancia de las reuniones deben respetar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los organizadores y los participantes, protegiendo al mismo tiempo a los periodistas, los observadores, el personal médico y otros miembros del público, así como la propiedad pública y privada, de cualquier daño” (74).
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Desde la ANP consideramos que el irrespeto a estas y otras disposiciones, junto al entorno de impunidad, contravienen aquellas expresiones discursivas del Ejecutivo y Legislativo que, según señalan, aspiran a que nuestro país integre la OCDE.
Un agravante al incumplimiento de estas recomendaciones es la sombra de impunidad que cubre las agresiones a periodistas -dos de ellas, de Alonso Chero, del diario El Comercio y Alonso Balbuena, de Ojo Público, denunciadas ante el Ministerio Público-. El Congreso de la República blindó a las autoridades políticas de entonces al archivar la denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Ántero Florez Aráoz y otros a recomendación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, elaborado por el parlamentario Alejandro Cavero, que desestimó las evidencias presentadas por la Fiscalía de la Nación. Esto demuestra que el sistema político contra el que salió a protestar un importante porcentaje de la ciudadanía en la semana de noviembre del 2020 urge de reformas y cambios que procuren mejoras a fin de garantizar los derechos de la población.
Lamentablemente, las consecuencias de esa impunidad no hacen más que perpetuar un sistema que legitima el uso excesivo de la fuerza de los efectivos policiales, tal como sucedió esta última semana en las movilizaciones producidas tanto el 5 como el 10 de noviembre, en las que la ANP ha registrado al menos 6 casos de agresión y obstrucción al trabajo de nuestros colegas, por acción o inacción de la Policía Nacional del Perú.
La ANP, como organización de la sociedad civil que defiende y promueve la institucionalidad y aspira a un Estado de Derecho fortalecido, reafirma su compromiso en la lucha contra la impunidad en las agresiones que registramos hace dos años, mantiene su rol de vigilancia y continúa con el firme el propósito de lograr instituir un protocolo de actuación de la policía en las protestas sociales que garantice la cobertura y protección de las y los trabajadores/as de los medios.
Lima, 12 de noviembre 2022
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL