Acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, a las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza; así como al exministro Víctor Zamora recomendó el informe final sobre la emergencia sanitaria por el covid-19, aprobado hoy por la Comisión de Fiscalización del Congreso.
El grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura (FP) dio visto bueno al documento, con 13 votos a favor y una abstención. A Vizcarra se le imputa la comisión del delito contra la administración pública, a raíz de la compra de 1 millón 400,000 pruebas rápidas.
Por otro lado, el informe plantea que las exministras de Economía María Antonieta Alva y de Salud Elizabeth Hinostroza sean acusadas por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.
De igual modo, se recomienda acusar al exministro de Salud Víctor Zamora por la supuesta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales, al permitir la ejecución de actos administrativos indebidos.
#CongresoInforma l La Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que recomienda formular una acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y María Hinostroza por presunta colusión en agravio del Estado Peruano. pic.twitter.com/JKjyVfGgFU
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 5, 2023
Al dar cuenta del contenido del documento, Ventura señaló que a raíz de las acciones de estos exfuncionarios no se pudo evitar el fallecimiento de miles de personas a causa del covid-19.
Argumentos de la denuncia
Los argumentos contra Vizcarra incluyen su presunta colusión con las empresas Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC, a fin de que estas provean de pruebas rápidas contra la referida enfermedad. El documento indica que desde su gobierno se privilegió esta modalidad, y no la de las pruebas moleculares, recomendadas para tener diagnósticos más acertados.
Ventura indicó que el parámetro para la investigación fue el de la vigencia del Decreto de Urgencia 028-2020, en el que se dispuso la compra de las referidas pruebas.
En ese contexto, se ha concluido que la Central de Compras Públicas-Perú Compras, a requerimiento del Instituto Nacional de Salud, benefició a las empresas mencionadas con la adquisición de las pruebas rápidas.
La investigación desarrollada siguió cinco líneas: adquisición de pruebas rápidas; negociación, adquisición, distribución e inoculación de vacunas Sinopharm; adquisición y suministros de oxígeno medicinal; decesos por covid-19 y adquisición de estructuras metálicas y equipamiento para el sector Salud.
El informe final será enviado al Ministerio Público para que esta entidad actúe de acuerdo a sus atribuciones.
ANDINA