SANTA CATARINA PALOPÓ, Guatemala – Siglos de racismo y exclusión sufridos por los pueblos originarios en Guatemala siguen pesando a la hora de negar la inscripción de un partido político que impulsa la candidatura a la presidencia de la lideresa indígena Thelma Cabrera, en las cercanas elecciones generales.
El jueves 2 de marzo, la Corte de Constitucionalidad de este país falló en contra del partido de Cabrera, el izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que había apelado ante ese tribunal una resolución de la Corte Suprema de Justicia, del 15 de febrero, que los dejaba fuera de la contienda electoral del 25 de junio.
La candidatura de Cabrera y la de su compañero a la vicepresidencia, Jordán Rodas, penden ahora de un hilo, esperanzados únicamente a un par de acciones legales más, como último recurso.
El plazo para la inscripción de candidaturas finaliza el 25 de marzo.
Un sistema racista centenario
Las élites políticas y económicas de Guatemala, “buscan maneras para no inscribirla (a Cabrera), todos tienen derecho a participar, pero a ella la están bloqueando”, dijo a IPS Sonia Nimacachi, de 31 años, oriunda de Santa Catarina Palopó, un municipio de mayoría maya cachiquel del departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.
“Nos interesa que una persona con nuestras raíces y cultura pudiera llegar a la presidencia, pienso que ayudaría a nuestra gente”, agregó Nimacachi, al frente de su pequeño negocio ambulante, en el centro del pueblo.
“Hay un sistema y estructura racista, las y los indígenas apenas sí hemos logrado ir subiendo las gradas, pero con mucha dificultad, con cero oportunidades”: Silvia Menchú.
Nimacachi, una mujer maya cachiquel, vende “granizadas”: hielo triturado y endulzado con jaleas de varios sabores, muy apetecible en días de calor.
“Hay un sistema y estructura racista, las y los indígenas apenas sí hemos logrado ir subiendo las gradas, pero con mucha dificultad, con cero oportunidades”, dijo a IPS Silvia Menchú, directora de la Asociación de Desarrollo de la Mujer K’ak’a Na’oj (Nuevos Conocimientos, en maya cachiquel).
Esa organización tiene su base en Santa Catarina Palopó. Desarrolla programas de derechos humanos enfocados en las mujeres indígenas.
Santa Catarina Palopó, un pintoresco pueblo maya cachiquel, localizado a la orilla del lago Atitlán, en el departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala, se prepara para las elecciones generales, en donde se eligirá al presidente de la República, vicepresidente, a 160 diputados del Congreso y 20 del Parlamento Centroamericano, así como a 340 alcaldes. Foto: Edgardo Ayala / IPS
“El racismo ha imperado, desde el sistema de gobierno en todos lados somos maltratados, somos vistos como los de poca capacidad”, sostuvo Menchú, de la etnia maya quiché.
Una presunta ilegalidad atribuida a Rodas, el candidato a la vicepresidencia, ha sido la causa para dejar al MLP fuera, de momento, de la contienda electoral.
Analistas y organizaciones sociales ven una maniobra oscura por parte del status quo, que no termina de digerir la idea de que una indígena siga queriendo abrirse paso entre el rígido y racista sistema político del país.
Cabrera es una mujer maya mam, de 51 años, que intenta lanzarse por segunda ocasión a la contienda electoral, en una lucha desigual por la presidencia de este país centroamericano de 14,9 millones de habitantes.
Del total de la población, 43,7 % se identifica como indígenas, de los pueblos mayas, xincas, garífunas y afrodescendientes, según datos del censo de 2018.
Cabrera participó en las elecciones de 2019 y obtuvo el cuarto lugar, con 10 % del total de votos emitidos.
En las elecciones generales se definirá no solo la presidencia del país, para el período 2024-2028, sino también se escogerá a 160 diputados del Congreso y 20 del Parlamento Centroamericano, así como a 340 alcaldes.
Guatemala es el territorio donde florecía la milenaria cultura maya cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI.
Los descendientes de aquella civilización prehispánica aún hablan alguna de las 24 lenguas autóctonas, la mayoría adscritas al tronco maya.
Años de exclusión de sectores indígenas y campesinos llevó a Guatemala a una guerra civil que duró 36 años (1960-1996) y que dejó unos 250 000 muertos o desaparecidos.
La candidatura presidencial de Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) debe ser permitida por las autoridades de Guatemala, para que esté representada la población indígena en las elecciones del 25 de junio, dice Silvia Menchú, directora de la Asociación de Desarrollo de la Mujer K’ak’a Na’oj (Nuevos Conocimientos, en maya cachiquel). Foto: Edgardo Ayala / IPS
Una burda maniobra
El rechazo del TSE al MLP surgió a partir de una denuncia contra Rodas, que fungió entre 2017 y 2022 como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Desde la Procuraduría, Rodas cuestionó fuertemente algunas acciones de corrupción del actual gobierno de Alejandro Giammattei, llegado al poder en enero de 2020.
La denuncia penal contra el aspirante a la vicepresidencia fue interpuesta el 6 de enero por el procurador actual, Alejandro Córdoba.
Después de que la líder indígena y Rodas se presentaran para ser inscritos como aspirantes, Córdoba señaló que tenía “dudas” sobre unos pagos recibidos por su antecesor en la Procuraduría.
Se entiende que esa “duda” tendría que ver con alguna presunta ilegalidad por parte de Rodas, pero como Córdoba no la ha descrito en detalle, todo ha quedado como una acusación a medias y floja.
No obstante, eso fue suficiente para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazara al MLP, el 2 de febrero, lo que entonces despertó protestas de campesinos e indígenas, que cortaron carreteras en al menos 12 puntos del país.
Según las leyes guatemaltecas todo aspirante a cargos de elección popular debe contar con un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con la ley.
Pero los analistas han señalado que ese documento debe considerar fallos judiciales dejados en firme por los tribunales correspondientes, y no por “dudas” de algún funcionario.
Al vetar a Rodas, el TSE automáticamente deja fuera también a la aspirante a la presidencia, la lideresa indígena Cabrera, quien podría ser en realidad el objetivo último de la maniobra, pues es ella la que estaría intentando, de nuevo, atraer los votos de la población indígena.
El binomio del MLP interpuso el 15 de febrero un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, de carácter provisional, para que tuviera efectos de inmediato y anulara la decisión del TSE, mientras esa Corte analizaba y resolvía a fondo el asunto.
Ese amparo le fue rechazado, así que el MLP solicitó un día después a la Corte Constitucional, el máximo tribunal en materia constitucional, un recurso de apelación, para que revisara el caso y ordenara a la CSJ admitir el amparo provisional, lo cual significaría que continuaba la lucha por la inscripción de Cabrera y Rodas.
Ese recurso de apelación es el que la Corte de Constitucionalidad ha negado el jueves 2.
Pero la Corte Suprema de Justicia no emitió aún un fallo definitivo ante el amparo, sino solo una posición provisional. Por ello, cuando por fin lo emita, y si es negativo a los intereses del MLP, Cabrera y Rodas pueden, nuevamente, recurrir a la Corte de Constitucionalidad, como último cartucho.
Pero pareciera que la suerte está ya echada.
En un tuit, el mismo jueves 2, Rodas escribió: “La justicia constitucional ha negado mi derecho constitucional de ser electo y a la población le niega el derecho a elegir libremente. Esperamos la sentencia del amparo de la CSJ y el pronunciamiento de la @CIDH Nuestra lucha sigue”.
Las élites políticas y económicas de Guatemala se empeñan en bloquear la candidatura de la lideresa indígena Thelma Cabrera, dice Sonia Nimacachi, una mujer maya cachiquel dedicada a la venta de golosinas en Santa Catarina Palopó, en el suroeste del país. Ella volvería a votar por Cabrera, si finalmente se permite su candidatura. Foto: Edgardo Ayala / IPS
Segundo intento de Cabrera
La lideresa indígena busca participar por segunda ocasión en la lucha por la presidencia. Su primera vez fue en las elecciones del 2019, cuando no logró captar del todo el voto indígena.
“Yo me atrevería a pensar que la mayoría de la población indígena no votó por ella, por esos prejuicios inculcados, que es mujer y además indígena, no profesional, son cuestiones que no tienen nada que ver con la dignidad y la calidad de persona”, argumentó Silvia Menchú.
Agregó que los partidos de derecha han sido aliados de las iglesias evangélicas del país, por medio de las cuales mantienen en la sumisión a esos segmentos indígenas que terminan apoyando a partidos conservadores, y no a una candidata que viene de su cultura maya.
Para el caso, dijo que en Santa Catarina Palopó, con 6000 habitantes, hay solo una escuela para cubrir la educación primaria y básica, “pero hay unas 15 iglesias evangélicas”.
Con el veto del TSE a las aspiraciones de Cabrea y de Rodas se pone en riesgo la credibilidad de los comicios, advirtieron el 27 de febrero Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalaron que el rechazo de la autoridad electoral a aspirantes a candidatos “está basado en fundamentos dudosos, pone en riesgo derechos políticos y menoscaba la credibilidad del proceso electoral”.
“El proceso electoral se está desarrollando en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad”, manifestaron.Además de Cabrera y Rodas, el TSE también rechazó la inscripción del candidato de derecha Roberto Arzú, porque habría realizado campaña proselitista antes de tiempo.
HRW y Wola agregaron que “los esfuerzos por excluir o iniciar procesos penales contra candidatos opositores generan condiciones desiguales que podrían impedir que se lleven a cabo elecciones justas y libres”.
Mientras tanto, el Tribunal sí avaló, el 4 de febrero, la candidatura a la presidencia de Zury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto entre 1982 y 1983.
En 2013 el militar fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, por la masacre de más de 1400 indígenas del pueblo ixil, en el norte del país.
Fue condenado a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo posteriormente. Ríos Montt murió en abril de 2018.
La Constitución política de Guatemala, en su artículo 186, prohíbe que personas involucradas en golpes de Estado, o sus familiares, sean presidentes del país.
Mientras tanto, Sonia Nimacachi, la vendedora de “granizadas” en la plaza central de Santa Catarina Palopó, aún tiene esperanzas de que Cabrera sea inscrita como candidata.
“Si la dejaran participar, volvería a votar por ella”, dijo, mientras atendía a un cliente.
ED: EG
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