Desde el 7 de diciembre del 2022 han sido atacados 183 periodistas y medios de comunicación en la cobertura de las protestas sociales en el contexto de crisis política, según el registro de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
De los ataques, el más frecuente ha sido la agresión física y verbal con 103 hechos registrados; le siguen la amenaza/hostigamiento con 51 incidencias y la estigmatización con 13. También fueron reportados hechos de vandalización (8), detenciones (5), trabas de acceso a la información (2) y una (1) afectación laboral.
Los agentes de las fuerzas del orden han propiciado 69 ataques, seguidos por los manifestantes (58), grupos vandálicos (24) y otros agentes (32).
Según la función que cumplía la persona agredida, han sido reporteros/as quienes sufrieron más afectaciones (76), seguidos por fotoperiodistas (27) y corresponsales (27). Continúan camarógrafos (18), videorreporteros (9) y quienes cumplían otras funciones (18). También han atacado a 10 locales de medios.
De acuerdo con los tipos de medio, las plataformas digitales han sido las más afectadas con 67 ataques registrados, seguidos por los medios televisivos (62), radiales (35) y escritos (19).
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Según el género o medio, han atacado a más periodistas hombres (107), seguidos por mujeres (50) y medios de comunicación propiamente (26).
La agenda prioritaria en temas de libertad de expresión en el país -que en los últimos años contemplaba el acoso judicial como uno de los más recurrentes ataques al periodismo independiente- ha sido desplazado en los últimos meses por atender las agresiones físicas y estigmatización en el marco de protestas y el asedio de grupos extremistas como la autodenominada La Resistencia.
Los últimos meses no ha estado exento de amenazas legislativas que pretenden elevar las penas en los casos de difamación y la pretensión de exigencia de colegiatura para el ejercicio de la actividad periodística, entre otras, así como intentos de parametrar la actividad periodística en la cobertura de movilizaciones como se procuró con el proyecto de protocolo de actuación policial.