La Defensoría del Pueblo precisó hoy lunes que ante el anuncio de las organizaciones sociales de acatar un paro de 24 horas en la región Puno el 30 de mayo, toda/o ciudadana/o tiene derecho a protestar por asuntos que considere insatisfactorios o perjudiciales para sus intereses.
En este sentido, menciona, que tanto el Estado como la sociedad deben respetar el ejercicio libre de este derecho cuya realización requiere de los derechos de libre expresión, reunión y tránsito, los cuales se encuentran reconocidos y garantizados en nuestra Constitución y en normas internacionales de derechos humanos.
El derecho a la protesta, además, le da a la ciudadanía la oportunidad de poner en evidencia problemas que los aquejan e influir en la toma de decisiones de los poderes públicos, resalta en su web institucional.
El organismo advierte no obstante que este derecho, sin embargo, se debe ejercer en todo momento utilizando medios pacíficos, que en ningún caso afecten derechos de terceros, o generen intranquilidad social, o causen daños a la propiedad pública o privada.
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“Está claro que como derecho tiene límites en su ejercicio y corresponde a cada ciudadano y a las dirigencias de las organizaciones que convocan y acuden a las movilizaciones tener presente el respeto a la Constitución y a la ley. Es responsabilidad de todos los participantes velar porque la protesta sea pacífica, aislando y denunciando a quienes propician o consuman hechos de violencia”, indica la Defensoría del Pueblo.
En cuanto al papel de las fuerzas del orden, en caso de ser necesario restablecer el orden público, – añade- lo deberán hacer garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. De acuerdo con la ley de uso de la fuerza y sus manuales operativos, su intervención debe ser gradual, pudiendo hacer uso máximo de la fuerza solo en circunstancias excepcionales luego de haber agotado otras formas de control del orden.
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Concluye indicando que la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Puno y el Módulo de Atención Defensorial de Juliaca, continuará cumpliendo su rol constitucional de proteger los derechos de las personas y la supervisión de la actuación estatal.
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