BERNA (Suiza).- Una cuarta parte del gasto público mundial va a parar a la corrupción. Flagelo que, con mayor o menor incidencia, está presente a lo largo y ancho de la geografía internacional.
Según las Naciones Unidas (ONU), los hechos corruptivos acaparan más del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a escala planetaria. De los 13 mil millones de dólares que los gobiernos destinan para sus presupuestos nacionales, cerca del 25 por ciento se diluye entre las arenas movedizas de prácticas ilícitas.
A inicios de mayo, Lachezara Stoeva, presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, reconoció los efectos perjudiciales de la corrupción, la cual conspira contra el esfuerzo de un desarrollo sostenible.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 16, que enfatiza la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, señala que “los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible”.
El costo de la corrupción tiene no solo consecuencias financieras; además debilita la promoción de iniciativas para proteger los recursos naturales. Según Stoeva, la corrupción también aumenta la pobreza y la desigualdad, erosiona la confianza y la cohesión social y debilita la estabilidad económica y política.
La pérdida de la credibilidad ciudadana con respecto al Estado constituye, en parte, un corolario directo de la corrupción de la dirigencia política o administrativa de un país.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones
La pérdida de la credibilidad ciudadana con respecto al Estado constituye, en parte, un corolario directo de la corrupción de la dirigencia política o administrativa de un país.
Transparencia Internacional, una organización especializada en el tema, es contundente con respecto a la corrupción internacional: en su mayor parte, el mundo sigue sin combatirla de lleno. Según su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2022, un 95% de los países evaluados registran avances mínimos o nulos desde el 2017 hasta el presente.
Según dicho índice, basado en una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción), 43 naciones no registran cambio alguno en los últimos 11 años. Más de las dos terceras partes del total de países se confronta con problemas graves, con un puntaje por debajo de 50, es decir, “reprobados”.
Desde su creación en 1995, este índice constituye una referencia de primer nivel como indicador de corrupción en el sector público. Sin embargo, el mismo no escapa a serios cuestionamientos debido a que la mayoría de sus fuentes expresan, fundamentalmente, la percepción de empresarios, expertos y funcionarios de agencias como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, y de empresas privadas de consultoría y de evaluación de riesgos. (Continuará)
Por: Sergio Ferrari, colaborador de Prensa Latina
Fuente Prensa Latina / foto Twitter-al