BERNA (Suiza).- Una de las voces más críticas del Índice de Transparencia Internacional ha sido la del intelectual mexicano Pablo González Casanova, fallecido recientemente. Ya en el 2007, en un célebre trabajo sobre el tema, afirmaba: “Definir la corrupción requiere examinar una carga ideológica hegemónica de la que no siempre hay conciencia. Las fuerzas dominantes definen lo que es y no es corrupción, y califican a quienes son y no son corrompidos”.
Según Casanova, “desde el neoliberalismo proliferan los expertos en corrupción con ‘fundaciones’ contra la corrupción, como ‘Transparencia Internacional’. Muchos de ellos –como los “pobrólogos” y los defensores de los “derechos humanos”– son auspiciados por el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los gobiernos imperialistas”.
Ojo evaluador de frágil mirada
Según Transparencia Internacional, el análisis de sector público incluye, entre otros aspectos, los sobornos, la malversación de fondos del Estado, los funcionarios que se aprovechan de sus cargos para beneficio personal, la capacidad (o incapacidad) de los gobiernos para prevenir hechos ilícitos, la excesiva burocracia que facilita irregularidades, el nepotismo en la designación de cargos, la legislación que favorezca la declaración de bienes personales por parte de los responsables públicos y los mecanismos que aseguren la protección legal de los denunciantes.
La mirada evaluativa de Transparencia Internacional no cubre el fraude fiscal, los movimientos ilícitos y el blanqueo de fondos, y tampoco los facilitadores que promueven hechos ilegales (abogados, contables, asesores financieros, etc.).
Punto débil de estos índices macros empleados por Transparencia Internacional: la no evaluación de la corrupción en el sector privado y en las economías y mercados informales. Además, el hecho de no incorporar en el análisis las percepciones o experiencias directas de corrupción sentidas y vividas por la ciudadanía.
En este índice tampoco se analiza el complejo tema del lawfare, es decir, la guerra jurídica contra adversarios políticos con argumentos relacionados a supuestos hechos corruptivos, que cada día adquiere mayor trascendencia en la política cotidiana de diversas regiones del mundo y, en particular, en América Latina.
Pantallazo sobre las Américas
El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 afirma que “la corrupción sigue siendo un problema predominante en las Américas”, con niveles que permanecen estancados, es decir, que no muestran mejoras.
Coincidiendo con el panorama mundial, el puntaje promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de sus países obtienen una puntuación inferior a 50. Transparencia Internacional también afirma que, en este continente, la dirigencia política no ha implementado medidas significativas para combatirla y fortalecer las instituciones públicas. Lo que favoreció que en muchos países redes criminales se consoliden y ejerzan un poder considerable sobre los actores políticos.
Para responder a la criminalidad y la violencia generada por las pandillas, algunos gobiernos han tomado medidas que tienden a concentrar el control en el Poder Ejecutivo. Esto debilita la transparencia y la rendición de cuentas y amenaza los derechos humanos, al mismo tiempo que genera más oportunidades de corrupción y abuso.
En las Américas, la corrupción ha debilitado las instituciones públicas y facilitado que prosperen las redes criminales, desestabilizado así a los gobiernos y exacerbando la violencia en la región.
Según Transparencia Internacional, “este círculo vicioso afecta en particular a las poblaciones más marginadas, como las indígenas y afrodescendientes, las comunidades LGBTQ, las mujeres y las niñas, perjudica al medioambiente e impide el buen uso de los recursos naturales”.
ONU: La corrupción hiere o mata y es un flagelo caro para los pueblos del mundo (I)
Por: Sergio Ferrari, colaborador de Prensa Latina
Fuente y foto Prensa Latina