Hasta la fecha, no se conoce que el fiscal Marco Huamán haya recurrido a la vía judicial para que se ordene al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) que entregue los planes operativos que se desarrollaron para contrarrestar las protestas sociales en contra del gobierno de Dina Boluarte, cuestionó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Hay un inexplicable sometimiento a la arbitrariedad de parte del Comando Conjunto respecto de un documento importante como los planes de operaciones. La primera semana de enero —10 u 11 de enero— es cierto la Fiscalía de la Nación envía dos fiscales a la sede del Comando Conjunto a recabar los planes de operaciones, y el Comando Conjunto —en las narices de los fiscales— le dice que no les van a dar esos documentos, porque dice que son secretos”, relató en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
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“El 12 o 13 de enero, la Fiscalía de la Nación remite un oficio requiriendo esa información [los planes operativos] al jefe del Comando Conjunto. Y, días después, el Comando Conjunto responde, bajo una opinión supuestamente jurídica, que es un documento secreto y no se le va a entregar esa documentación”, puntualizó.
La consulta a PCM
Carlos Rivera Paz objetó, en ese sentido, que el fiscal Marco Huamán Muñoz no haya hecho un requerimiento de carácter judicial para obtener esos documentos. Asimismo, criticó que el magistrado haya enviado un oficio al premier Alberto Otárola para consultarle si es que el argumento del CCFFAA para negar la información es válido o no.
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“He conversado con Marco Huamán, el fiscal a cargo de los casos —la última semana de febrero— y dijo que iba a hacer un requerimiento de carácter judicial [tras la respuesta del CCFFAA sobre la no entrega de los planes operativos]. Hasta la fecha, no tenemos conocimiento que él haya hecho ese requerimiento”, manifestó.
“Además, Marco Huamán tuvo la brillante idea de, tras la respuesta del Comando Conjunto [que deniega la entrega de los planes operativos], hacerle una consulta sobre eso, a través de un oficio al presidente del Consejo de Ministros, que es el investigado Alberto Otárola. […] Te imaginarás qué responde la PCM”, acotó.
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