El juicio oral por supuesta corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo empezará el próximo 16 de octubre.
Si bien el inicio de las audiencias por presunta colusión y lavado de activos estuvo programado en un primer momento para este lunes, el Poder Judicial lo reprogramó para el 16 y 17 de octubre, desde las 9 de la mañana.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado había establecido en principio que el proceso por los presuntos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht se instalaría de forma remota contra Alejandro Toledo y otros seis acusados.
La Corte Superior Nacional de Justicia informó, no obstante, que se realizará ahora de forma presencial en una de sus sedes del centro histórico de Lima, aunque aclaró que Alejandro Toledo se conectará a través de una plataforma digital desde el penal de Barbadillo, donde permanece recluido.
“Los acusados que no asistan, sin justificación, serán declarados reos contumaces”, señaló.
La Corte precisó que se optó por la reprogramación “a fin de contribuir con una efectiva y debida realización de la etapa de juzgamiento”, ya que se trata de un proceso con “un expediente voluminoso”, con más de 220 cuadernos, además de 50 tomos adicionales.
Añadió que la Procuraduría del Estado, así como la defensa de Alejandro Toledo no habían “cumplido aún con brindar los medios de prueba que le fueron admitidos”.
Este extremo lo advirtió el pasado viernes por el Segundo Juzgado Penal, a cargo de la jueza Zaida Pérez, que indicó en un oficio que no había “sido posible culminar” con la formación del expediente judicial a consecuencia de que el Ministerio Público, la Procuraduría y la defensa de algunos investigados solicitaron ampliar el plazo para la entrega de los medios de prueba.
Precisó que la entrega de los medios de prueba por el Ministerio Público culminó el 28 de agosto y que la Procuraduría y la defensa de Alejandro Toledo “no han cumplido con proporcionar la documentación requerida en plazo solicitado”.
En ese caso, se procesarán junto a Alejandro Toledo otros seis acusados, entre ellos Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, para quienes el Ministerio Público solicita 20 años y 6 meses de cárcel, los mismos que para el exgobernante, según se informó.
Para los acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font y Avraham Dan On, la Fiscalía piden 9 años de cárcel, y para Gonzalo Ferraro Rey 11 años y 6 meses de prisión.
Foto Andina
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