La Comisión de Justicia del Congreso continúa su investigación sobre el supuesto mal accionar de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Janet Rivas (PL), titular de este grupo de trabajo recordó que permanecen en sesión permanente hasta concluir el procedimiento encargado, consistente principalmente en establecerse si los integrantes de la JNJ han incurrido en alguna falta grave que se sancione con su destitución. La parlamentaria declaró al término de la segunda parte de la sesión realizada este jueves, la que se convocó a los miembros del referido organismo autónomo.
En ese lapso, comparecieron ante la Comisión de Justicia Antonio de la Haza, Henry Ávila, Inés Tello, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez. Todos ellos estuvieron acompañados por el abogado Samuel Abad, salvo Tello, quien se presentó junto al letrado Omar Cairo.
De la Haza, Ávila, Thornberry y Vásquez encargaron a Samuel Abad las respuestas a las interrogantes de los parlamentarios, manifestando que la Junta Nacional de Justicia acordó previamente dar una respuesta colegiada mediante documentos alcanzados y leídos ante la Comisión de Justicia en la primera fase de esta sesión, desarrollada en la mañana de hoy.
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#CongresoInforma I El viernes 22 de setiembre, desde las 3:00 p. m., sesionará la Comisión Permanente.
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Lo mismo señaló Henry Ávila, quien, sin embargo, frente a las críticas de los congresistas, pidió que se precisara que los miembros de la Junta no se negaban a responder. “En el marco del derecho a la defensa tengo potestad de pedir al abogado que responda a las preguntas. Hay mucha diferencia entre eso y negarse a responder”, afirmó.
Al insistírsele sobre por qué se permitió que Inés Tello permaneciera en la Junta Nacional de Justicia tras cumplir la edad límite para esa función, Ávila señaló que en en ese caso este organismo emitió una resolución para establecer “un criterio complementario de interpretación” asegurando que la susodicha debería permanente en su cargo.
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“Esta resolución no fue un precedente vinculante. En la JNJ no podemos expedir esos precedentes”, detalló.
Por su parte Abad y Cairo consideraron que el caso se debería archivar. El segundo precisó que, de no darse esto, “está en juego la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y la limpieza de los procesos electorales, pues está por decidirse si se destituye a los miembros del organismo constitucional autónomo que designa a jueces y fiscales, y al jefe de la ONPE”.
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