La situación legal de la mandataria Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola ha empeorado de una manera significativa en los últimos cuatro meses, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL, al referirse a la actitud de ambos funcionarios durante el interrogatorio que desarrolló, por separado, el Ministerio Público en el caso de las muertes ocurridas en las protestas sociales registradas desde diciembre del 2022.
“Creo yo, y este un balance ya que hacemos respecto de cuál es el estado de la investigación y por qué dos de los principales investigados han tomado esta decisión, y la conclusión a la que arribamos es que en el curso de la investigación la situación legal de ambos, sobre todo de la presidenta, se ha empeorado de una manera significativa en el lapso de los últimos cuatro meses”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Esto pone en evidencia que capaz lo único cierto que tienen —en términos de la evaluación que deben haber hecho respecto al caso— es que tienen una situación mucho más complicada que la del inicio y, por lo tanto, comienzan a dar expresiones de no saber responder y no saber qué pasos dar, más allá de que ambos, hace más o menos un mes, han presentado pedidos de sobreseimiento al Ministerio Público”, agregó.
Carpeta de investigación
Carlos Rivera consideró, en ese sentido, que resulta complicado que el Ministerio Público acceda al pedido de archivamiento solicitado por Dina Boluarte y Alberto Otárola, a raíz de la cantidad de evidencias que se ha incorporando a la carpeta fiscal. Advirtió que lo que se percibe es tal vez un acto de desesperación.
“Es decir, yo lo veo más como un acto capaz inclusive hasta de desesperación y de inquietud respecto del curso que está siguiendo la investigación y de, como se suele decir coloquialmente, pretender tapar el sol con un dedo”, manifestó.
“Esa circunstancia el sobreseimiento me parece que ya resulta no complicado, yo diría imposible de que ocurra por la cantidad de información que se ha incorporado en la carpeta de investigación, por la cantidad de evidencia que se ha ido también incorporando de los familiares, pericias forenses, declaraciones de testigos”, añadió.
La evidencia
El coordinador del Área Legal del IDL sostuvo que esta es una investigación que ha logrado tener el concurso de no solamente la Procuraduría, sino también de las organizaciones de derechos humanos que participan representando a las víctimas.
“Tengo la impresión de que hemos venido aportando de manera significativa al engrosamiento de la evidencia en esa carpeta de investigación, que es lo que ahora nos permite dar cuenta de que la situación legal de estas personas es una situación legal que, sin duda alguna, se ha empeorado y las defensas de ellos tienen una lectura correcta —por que pareciera mínimamente la tienen— es que toman una decisión tan aparentemente radical, pero de alguna manera esperable que es justamente decir, me callo la boca porque tengo la impresión de que puedo terminar de complicar mucho más mis circunstancias procesales”, estimó.
Estrategia de guardar silencio
El abogado consideró que lo que no ha resultado tan sorpresivo es “la estrategia de guardar silencio en términos radicales” por parte de la presidenta Dina Boluarte. Se refirió también a la diligencia fiscal en la que se tomó la declaración del jefe de Gabinete, Alberto Otárola.
“Simplemente Dina Boluarte aceptó responder una primera pregunta que suele ser muy introductoria siempre en cualquier interrogatorio del Ministerio Público y, luego, en la propia respuesta de esa primera pregunta mencionó que ya todo lo que tenía que declarar lo había declarado en la diligencia del 6 de junio y que, por lo tanto, anunció que no iba a responder ninguna otra pregunta. Y esa es la razón por la cual esa diligencia duró muy poco tiempo y una cosa más o menos diferente, solo en términos de tiempo, ha ocurrido en el caso de Otárola”, explicó.
“En el caso de Otárola si bien ha sido una declaración que ha durado varias horas, pero en términos concretos evaluamos que se trata de la misma estrategia, Es decir, de no aceptar declarar sobre los nuevos hechos y tener una suerte de respuesta por remisión a sus declaraciones anteriores de una manera constante y persistente frente a las preguntas realizadas por parte del Ministerio Público”, puntualizó.
Texto: Con información de Ideeleradio
Foto: Agencia Andina
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