Este es un artículo de opinión de Inés M. Pousadela, especialista sénior en Investigación de Civicus, la alianza internacional de la sociedad civil.
MONTEVIDEO – El viaje de Maryam al Khawaja a su país terminó antes de comenzar. El personal de British Airways le impidió embarcar en su vuelo a petición de las autoridades de inmigración de Bahréin. Maryam no era una pasajera habitual: su padre es el veterano activista de derechos humanos Abdulhadi al Khawaja, encarcelado en Bahréin desde hace 12 años.
Abdulhadi fue condenado a cadena perpetua por cargos falsos de terrorismo por su papel en las protestas democráticas de 2011, parte de la ola regional de movilizaciones de la llamada «Primavera Árabe». Su salud, ya debilitada por la denegación de atención médica, ha empeorado aún más al unirse a otros presos políticos en huelga de hambre para exigir mejoras en las condiciones carcelarias.
Surgida del lugar más inverosímil, una prisión diseñada para quebrar voluntades y destruir el deseo de libertad, esta huelga de hambre se ha convertido en la mayor protesta organizada que Bahréin ha visto en años.
Maryam tiene cuatro causas judiciales pendientes en Bahréin, pero está dispuesta a pasar años en prisión si es necesario para salvar la vida de su padre. Esta no es ni mucho menos la primera huelga de hambre de Abdulhadi, pero su familia advierte de que su frágil estado de salud hace que pueda ser la última.
Al negar a Maryam la oportunidad de ver a su padre, el régimen bahreiní ha reaccionado como suelen hacerlo quienes gobiernan por miedo: con miedo a quienes no les temen.
Un Estado carcelario
El régimen bahreiní reprimió duramente las protestas de 2011, desatando la violencia asesina de las fuerzas de seguridad para desalojar los lugares de las protestas, deteniendo a decenas de manifestantes, activistas y líderes de la oposición, sometiéndolos a juicios masivos y privando a cientos de personas de la ciudadanía.
Condenó a muerte a 51 personas y ha ejecutado a seis, mientras que 26 esperan en el corredor de la muerte tras haber agotado sus recursos. La mayoría fueron condenadas sobre la base de confesiones obtenidas mediante tortura.
Muchos de los detenidos en las protestas de 2011 y la represión posterior siguen entre rejas. Según estimaciones del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, en la última década el gobierno ha detenido a casi 15 000 personas por sus opiniones políticas, y entre 1200 y 1400 siguen prisioneras, la mayoría en la cárcel de Jau, en Manama, la capital. Abdulhadi es uno de ellos.
El 7 de agosto, los presos políticos de Jau iniciaron una huelga de hambre. Sus reclamaciones incluyen el fin del régimen de aislamiento, más tiempo fuera de las celdas -actualmente solo se les permite salir una hora al día-, permiso para rezar en forma colectiva, modificación de las normas de visita y acceso a atención médica y educación adecuadas.
En las semanas siguientes, el número de participantes aumentó a más de 800. Sus familias salieron a la calle para exigir su liberación.
El 31 de agosto, los presos políticos ampliaron su protesta tras rechazar la oferta del gobierno de mejoras menores.
El 11 de septiembre se anunció la suspensión de la huelga durante dos semanas para que el gobierno pudiera cumplir sus promesas de mejorar las condiciones, incluido el fin del aislamiento de algunos presos.
Parecía claro que el gobierno había cambiado de postura para evitar una situación embarazosa mientras el príncipe heredero de Bahréin y primer ministro, Salman bin Hamad bin Isa al Jalifa, se preparaba para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden.
Sin embargo, Abdulhadi no tardó en reanudar su huelga de hambre tras negársele el acceso a una cita médica programada, para suspenderla pocos días después cuando se le prometieron mejoras en las condiciones, incluida una cita con un cardiólogo.
Pero al día siguiente se había hecho evidente que todo eran mentiras, y reanudó su huelga de hambre. Fue, como dijo Maryam, «como una guerra psicológica y un intento de acabar con la solidaridad».
Urge la solidaridad internacional
En su intento de regresar a Bahréin, Maryam recibió un amplio apoyo internacional. Varios grupos de la sociedad civil bahreiní, de la región y del resto del mundo respaldaron una carta conjunta instando a las autoridades de la Unión Europea a pedir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos de Bahréin.
Se envió una carta similar al gobierno británico.
A fines de 2022, la reacción de las organizaciones de derechos humanos obligó a Bahréin a retirar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y a principios de este año, durante la asamblea mundial de la Unión Interparlamentaria Mundial, celebrada en Bahréin y que el régimen trató de utilizar con fines de encubrimiento, los parlamentarios pidieron a Bahréin que liberara a Abdulhadi y lo enviara a Dinamarca para recibir tratamiento médico.
Pero aunque los presos políticos de Bahréin tienen muchos aliados, algunas voces poderosas no se encuentran entre ellos.
Entre los aliados extranjeros de Bahréin no solo se encuentran autocracias represivas como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, sino también Estados democráticos, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos, que claramente valoran mucho más la estabilidad y la seguridad que la democracia y los derechos humanos.
Tras la independencia de Bahréin en 1971, el Reino Unido ha seguido respaldando las instituciones que estableció y ha fingido ver avances hacia la reforma democrática.
En julio, el príncipe heredero de Bahréin realizó una visita oficial al Reino Unido, donde se reunió con el primer ministro Rishi Sunak y firmó una «Asociación Estratégica de Inversión y Colaboración» entre ambos países. Esto incluía un acuerdo de inversión de 1000 millones de dólares en Reino Unido.
Apenas un mes antes del inicio de la huelga de hambre, Sunak acogió con satisfacción «los avances en las reformas internas en Bahréin, en particular en relación con el poder judicial y el proceso legal».
Para Estados Unidos, Bahréin es un «importante aliado no perteneciente a la Otan (Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte)» desde 2002 y un «importante socio en materia de seguridad» desde 2021.
Bahréin fue el primer Estado de la región en obtener el estatus de aliado principal no perteneciente a la Otan, el primero en albergar una importante base militar estadounidense y el primero, en 2006, en firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Allí está estacionada la Quinta Flota de la Armada estadounidense, una de las siete que existen en el mundo, y el país alberga el cuartel general del Mando Central de las Fuerzas Navales estadounidenses.
El 13 de septiembre, el príncipe heredero visitó Washington y firmó un «Acuerdo Global de Integración de la Seguridad y la Prosperidad» destinado a intensificar la cooperación militar y económica con Estados Unidos.
La Casa Blanca solo reconoció brevemente que los derechos humanos eran un tema de debate en el último párrafo de su anuncio, de varias páginas y meticulosamente detallado en todos los demás aspectos. No se dijo nada sobre el contenido o el resultado de esas supuestas conversaciones.
Estados Unidos ha sido criticado en repetidas ocasiones por una «defensa selectiva de la democracia».
El presidente Biden prometió una política exterior centrada en los derechos humanos, pero eso suena vacío en Bahréin. Ya es hora de que Estados Unidos, Reino Unido y otros Estados democráticos utilicen los muchos resortes de que disponen para instar al gobierno de Bahréin a que libere a sus miles de presos políticos y avance hacia una verdadera reforma democrática.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
T: MF / ED: EG
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