Para el lunes 30 de octubre se ha programado la audiencia presencial de impedimento de salida del país contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tras el pedido de 24 meses que formuló el Ministerio Público en el marco de la investigación preparatoria por el caso Obrainsa, informó el diario La República.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima tramitó la solicitud del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato que investiga a Oscorima por los delitos de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo por la obra Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, tramo Condorcocha-Vilcashuamán, cuyo contrato se suscribió entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la empresa Obrainsa, el 19 de diciembre de 2014.
Para el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, es necesario el impedimento de salida del país del gobernador de Ayacucho a fin de garantizar su permanencia durante el desarrollo del proceso investigativo. En base a ello, el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, Jorge Chávez Tamariz, citó a las partes procesales para el lunes 30 de octubre a las 10.00 a. m. a la audiencia presencial y obligatoria, y pronunciarse sobre el petitorio del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, hay elementos fundados para sostener que se habría concertado, entre junio y julio de 2014, a través de Alejandro Tello, gerente general de la empresa Altesa Contratistas Generales, y Manuel Tejeda, funcionario de Obrainsa, con el objetivo de favorecer a dicha empresa a cambio de un beneficio económico en perjuicio del Estado.
Se considera además que, para cumplir el acuerdo ilícito, Wilfredo Oscorima intervino con la emisión de la resolución que asigna mayores recursos presupuestales con la finalidad de que el comité correspondiente otorgue la buena pro a la empresa que resultó ganadora aun cuando su propuesta económica excedía en un 7,30% del valor referencial establecido en las bases.
El Equipo Especial de la Fiscalía también investiga a otros seis funcionarios y a Alejandro Tello Palacios.
(JA)
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