MADRID.- Las polémicas elecciones catalanas del próximo domingo, de marcado sesgo independentista, centran hoy la atención de la sociedad española a niveles tales que ni siquiera la Constitución ni la Iglesia quedan fuera del debate.
En el fuerte intercambio de opiniones la vicepresidenta del gobierno regional, Neus Munté, acusó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de desconocer los preceptos constitucionales sobre la nacionalidad.
La reacción de Munté alude a una entrevista del periodista de Onda Cero Carlos Alsina, a quien Rajoy respondió «¿Por qué?» a la aseveración del entrevistador de que los catalanes mantendrán nacionalidad española y europea aún en caso de separase.
«La ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla», explicó Alsina.
Sabíamos de su desconocimiento de la realidad catalana pero hoy comprobamos que también desconoce el contenido de la Constitución española sobre la nacionalidad, opinó la vicepresidenta catalana.
De otro lado, sectores independentistas criticaron el posicionamiento de la Iglesia católica, mediante una carta pastoral del cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien llamó a «orar por España y su unidad».
La Conferencia Episcopal intentó retirar el peso político atribuido a la carta y remitió a una declaración anterior de ese organismo, que solicitó «elevar oraciones a Dios en favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España«.
La aclaración, sin embargo, no convenció a los separatistas, sobre todo porque Cañizares convocó a una vigilia en la catedral, contra lo que considera el peligro para la convivencia de los españoles de la negación unilateral de la soberanía.
En el campo parlamentario la porfía alcanza una propuesta para modificar la ley del Tribunal Constitucional presentada por el gobernante Partido Popular (PP), para otorgar facultades a ese organismo de suspender en sus funciones a cualquier cargo público.
La iniciativa, como declararon altos cargos del PP, va dirigida contra el presidente de Cataluña, Artur Mas, en caso de que este declare unilateralmente la independencia, si los partidos separatistas ganan mayoría en el parlamento regional.
Hoy concluye el plazo para presentar enmiendas, pero se da por descontado la aprobación de la reforma, debido a la mayoría absoluta del PP en el Congreso de Diputados.
La acritud de las discusiones aumenta en la medida que se acerca la votación, en la cual los sondeos -cuya difusión está prohibida desde hoy- auguran una mayoría de diputados a los independentistas, aunque sin alcanzar el 50 por ciento de los votos. (prensa-latina.cu)
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