La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó en el mes de diciembre fiscalizaciones preventivas a más de 70 vehículos que prestan el servicio de transporte de estudiantes.
Durante las intervenciones, que se realizaron en los exteriores de instituciones educativas ubicadas en varios distritos, los fiscalizadores de la ATU brindaron información a los conductores sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para brindar dicho servicio de manera formal.
En ese sentido, informaron sobre la necesidad de contar con la autorización, tarjeta única de circulación (TUC), credencial del conductor, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), que las unidades no tengan una antigüedad mayor a 20 años, que los asientos cuenten con cinturones de seguridad, botiquín, extintor, entre otros.
Esta etapa preventiva se ha focalizado en zonas donde se ha detectado mayor nivel de incumplimiento, como en Breña, San Miguel, Magdalena del Mar, Santa Anita, Ate, La Molina, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Bellavista, Callao, Los Olivos, San Martín de Porres y Comas.
Tras las acciones de fiscalización y luego de verificar que en los exteriores de dos colegios se encontraban operando unidades informales, la ATU remitió comunicaciones a las entidades educativas a fin de alertarlas sobre los hallazgos detectados y que esta información pueda ser socializada con los padres de familia para que adopten las medidas que consideren necesarias.
Se recuerda a los operadores de este servicio que, de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones de la ATU, la sanción para quienes presten el servicio sin autorización es de S/9900 para el propietario de vehículo y de S/4950 para el conductor.
En el caso de que ocurra algún accidente, la multa es de S/19 800 para el propietario, así como S/9900 para el conductor, además de la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una nueva.
En lo que va del 2023, se han fiscalizado a más de 350 unidades de servicio escolar, detectando que 48 de ellas prestaban servicio de manera informal.
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