El proyecto de ley de Segundo Montalvo, de Perú Libre, que propone sancionar la difamación con penas de hasta 5 años de cárcel, lo que representaría una nueva amenaza a la libertad de expresión pues ya se podría castigar con cárcel efectiva una eventual condena, ha sido elevado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Janet Rivas, de Perú Libre.
El protagonismo que se hace evidente del partido del prófugo Vladimir Cerrón no es casual. A mediados de junio del 2023, el Pleno del Congreso mandó al archivo el dictamen que proponía lo mismo: elevar la pena. La norma fue rechazada, en segunda votación, por 56 parlamentarios, mientras que 46 votaron a favor y 5 marcaron en abstención. Esta iniciativa fue promovida entonces por Américo Gonza, congresista también integrante de Perú Libre.
En análisis del experto en derecho penal Andy Carrión, las propuestas para elevar la pena por difamación representan un despropósito que va en contra de la tendencia internacional sobre despenalizar este tipo de delitos y que se brinde prioridad al ejercicio de la libertad de expresión. En tanto, estas disputas deberían resolverse en el ámbito civil.
Carrión advierte como un riesgo latente de la aprobación de esta norma el que pudiera haber una afectación directa al respeto hacia el derecho a informar y a estar informado, uno de los pilares de la democracia. “Lo que busca (Perú Libre) es limitar la libertad de expresión, sobre todo de los periodistas y las informaciones que vierten o investigaciones acerca de quienes conforman los partidos políticos”, expresó.
Otro riesgo, según el penalista, es que el elevar de 3 a 5 años la condena máxima permitiría que un juez pueda dictar una condena efectiva contra el imputado. “Hay una consigna expresa de 5 años porque la última reforma normativa sube a 5 años cuando las penas sean efectivas. No es solo una amenaza velada a la libertad de expresión, sino que quien cometa un delito de esta naturaleza pueda cumplir una condena efectiva (cárcel)”, manifestó Carrión.
(JA)
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