CARACAS – La carrera hacia la elección presidencial en Venezuela el 28 de julio, marcada por el bloqueo a candidaturas de la oposición y críticas de países vecinos, arrancó con la inscripción de 13 aspirantes -ninguna mujer-, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato para el período 2025-2031.
La líder de la principal corriente opositora, María Corina Machado, favorita para ganar la elección según las encuestas, no pudo inscribir su candidatura ni tampoco la de quien designó para reemplazarla, Corina Yoris, y a último minuto el poder electoral aceptó inscribir provisionalmente a un tercero, Edmundo González.K
González, y quizá otros más, serían de la novedosa fórmula de “candidatos tapa”, inscritos para reservar un lugar en el tarjetón electoral pero que en las próximas semanas y tras más negociaciones serían sustituidos por el aspirante definitivo.
Entretanto, en una jugada de última hora, inscribió su candidatura el opositor Manuel Rosales, gobernador del occidental estado de Zulia, el más poblado del país, con lo que de hecho se rompe la unidad en torno a Machado.
Durante los cinco días pautados para postulaciones, saltándose normas legales, sin apenas información al público y con un sistema de internet establecido como requisito pero operado discrecionalmente, el Consejo Nacional Electoral validó a unos partidos para presentar candidaturas y desautorizó o bloqueó a otros.
Maduro aseveró que “con 13 candidatos, de todos los espectros sociales, son las elecciones que hemos visto, en los últimos 60 años, con mayor diversidad ideológica, política, pluralidad, 37 movimientos políticos de todos los sectores”.
“Todos los factores políticos que hacen vida en la dinámica venezolana están inscritos y todos cuentan con un candidato presidencial”, dijo por su parte Jorge Rodríguez, presidente de la unicameral Asamblea Nacional legislativa, en manos del oficialismo como el resto de los poderes nacionales.
Sin embargo, buena parte de los gobiernos vecinos hicieron una lectura diferente.
Primero, las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay produjeron una declaración conjunta criticando las restricciones que “impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela”.
Luego, el gobierno de la vecina Colombia expresó su “preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición” en Venezuela.
A su turno Brasil se mostró preocupado porque “la candidata de la Plataforma Unitaria, fuerza de la oposición y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados”.
En Barbados delegaciones de esa plataforma de partidos opositores y del gobierno de Maduro firmaron un acuerdo el 17 de octubre pasado para asegurar “la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” en el país sudamericano.
Cinco días después, en una primaria organizada por la Plataforma, Machado fue escogida como candidata opositora con 92 % de los 2,5 millones de electores que participaron en la consulta.
En los meses siguientes el gobierno endureció sus posturas, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que Machado estaba inhabilitada –por una decisión administrativa- para optar a cargos de elección, la Fiscalía investigó denuncias de complots subversivos, y fueron detenidos activistas políticos y de derechos humanos.
El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron todos esos movimientos como actitudes represivas y contrarias al Acuerdo de Barbados, en los que actuó como principal mediador el gobierno de Noruega.
Las réplicas oficiales de Venezuela han sido sostenidas, denunciando la injerencia en asuntos internos y reivindicando el valor de sus normas e instituciones.
Llamativamente, Caracas consideró las críticas de Bogotá y Brasilia como “pasos en falso”, “grosera injerencia” o “falta de información” de esas cancillerías, y comentó que “parecen dictadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos”.
De modo implícito indicó que Washington -que parece aguardar a que se resuelva el galimatías de la inscripción y definición de candidaturas- trabaja con sus contrapartes en la región para ejercer presión sobre Caracas.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019 y Washington impuso sanciones económicas y de visado a dirigentes civiles y militares venezolanos, así como a las empresas y otras entidades estatales.
Algunas sanciones –relacionadas con petróleo y minería- fueron aliviadas tras el Acuerdo de Barbados, pero Washington anunció que las retomará y podría agregar otras, si a mediados de abril no vislumbra elecciones equitativas en Venezuela.
De su lado, Maduro anunció que recibirán “un tablazo” la Unión Europea y los demás que ataquen al Estado venezolano, al tiempo que criticó a “la izquierda cobarde” en la región, un dardo sobre el presidente colombiano Gustavo Petro.
Petro replicó, este miércoles 27, en su cuenta de la red X: “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.
Entretanto, la vida política en Venezuela permanecía sumergida en un debate político acerca de si la oposición conseguirá mantenerse unida o acudirá escindida con varias candidaturas a la elección de julio.
De entrada, concuerdan los analistas, en el lado opositor Machado es por ahora la “gran electora”, pues ha sido la única, en ese sector, que ha conseguido reunir multitudes en sus restringidos desplazamientos al interior del país.
Maduro, respaldado por el Partido Socialista Unido, fundado por Chávez, y por una decena de otras pequeñas formaciones izquierdistas, desde hace semanas intensificó sus recorridos por el país ofertando nuevos programas de corte social.
La mayoría de los otros aspirantes están a la cabeza de diminutos partidos cuyas aspiraciones siempre son registradas en las encuestas por debajo del error muestral, con excepción del comediante Benjamín Rausseo, quien recoge algunos puntos.
Durante el actual asueto de la Semana Santa católica deberían continuar las negociaciones dentro de la oposición, de sus representantes con el oficialismo, del gobierno con sus similares extranjeros, y de éstos entre ellos.
Un resultado puede ser acuerdo para una competencia en la que participe el conjunto de la oposición con un mínimo de garantías. También es posible un boicot electoral y el desconocimiento de la consulta por interlocutores del extranjero.
A-E/HM