Tras señalar que en su momento emitirá opinión sobre la propuesta para prohibir a los exterroristas asumir cargos por elección popular, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, precisó que la democracia tiene derecho a defenderse de movimientos violentistas o fundamentalistas.
A su salida del Parlamento, Gustavo Adrianzén consideró que debe evaluarse la constitucionalidad de esa propuesta, aunque recordó que ya existe un antecedente en el sector Educación, donde está prohibido a sentenciados por terrorismo ser docentes.
«Cualquier tipo de pensamiento radical es opuesto al sistema democrático y su estabilidad, por eso tenemos que rechazarlo (…) la democracia es diálogo, comprensión y tolerancia, que rechaza la violencia, es un riesgo que un pensamiento violentista pretenda radicar en nuestro país», subrayó.
Insistió que antes de emitir una opinión formal sobre este tema, será necesario conocer los proyectos que al respecto se presenten en el Congreso. (ECHA- Andina)