Legisladores de diversas bancadas políticas, exigieron a las autoridades de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), asumir su responsabilidad para mejorar la fiscalización y la prestación de los servicios.
Fue durante la reunión de la Comisión de Vivienda y Construcción, que preside la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez (PL).
Sobre el tema en mención, Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Sunass informó sobre el Decreto Legislativo 1620, que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
De igual forma, sobre el posible incremento del servicio de agua potable en Lima y Callao, y la privatización de Sedapal.
El funcionario refirió que los incentivos regulatorios han sido debilitados porque no se encontraría sujeta al cumplimiento de condiciones, señalando que el nivel tarifario reconoce los costos económicos de los servicios de agua potable y saneamiento.
Además, considera los costos de operación y mantenimiento, el costo de oportunidad del capital y la reposición del activo fijo, en el marco del principio de confiabilidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
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Al respecto, la parlamentaria Digna Calle Lobatón (Podemos), realizó algunas consultas a los funcionarios de la Sunass en relación a las competencias de dicha institución para preservar la buena administración de Sedapal y sus costos.
Hilda Portero López (AP), planteó que las instituciones vinculadas a este tema trabajen de forma conjunta para buscar alternativas que permitan mejorar los servicios de agua y alcantarillado especialmente entre los sectores más vulnerables del país.
“La aprobación del reglamento debe ser consensuada por todas las partes interesadas que permitan una adecuada norma y no perjudicar a la población. Todos los funcionarios involucrados en este tema deberían de informar de manera conjunta en una próxima reunión de la Comisión de Vivienda”, consideró.
Su colega Kira Alcarraz Agüero (Podemos), manifestó la necesidad de establecer mecanismos que permitan el intercambio de información de las diversas instituciones vinculadas en este caso, para trazar lineamientos interinstitucionales para mejorar los servicios del agua y alcantarillado en el país.
En tanto, la presidenta de la comisión congresista María Agüero, también fustigó el rol de los funcionarios por no buscar alternativas y propuestas que permitan la mejora de la prestación del servicio de agua y alcantarillado y se proteja a los más pobres del país, así como mejorar los subsidios. Hizo un llamado a la Presidencia del Consejo de Ministros, para que asuma su rol en este caso por ser parte de su responsabilidad.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Luego de la intervención de los parlamentarios, Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la Sunass, sostuvo que resulta necesario debatir la reglamentación del Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Sobre la aplicación de subsidios cruzados y directos dijo que el objetivo principal es la equidad y acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, siendo los subsidios directos financiados con recursos del Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales, en tanto el subsidio cruzado se financia con tarifa de un grupo de usuarios
Sobre la privatización de Sedapal, señaló los ámbitos de su gestión y administración que recaen en el Ministerio de Vivienda y los gobiernos regionales y locales, refiriendo que no es competencia de su institución ver temas relacionados a la privatización, dado que es una entidad eminentemente reguladora, fiscalizadora y técnica.
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Rechazó un comunicado de Sedapal en torno a una pretendida privatización por parte de Sunass, y solicitó al ministerio de Vivienda para que se revise la propuesta de reglamento del Decreto Legislativo 1620.
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