Al cumplirse los dos años de las masacres por represión policial en las protestas contra Dina Boluarte, Raúl Samillán, representante de las víctimas, nos compartió que los sobrevivientes continúan en la lucha de acceso a la justicia, incluso al punto de solicitar ayuda internacional para reforzar las investigaciones con peritos de parte.
“Se han realizado pericias con expertos internacionales. Han llegado peritos a las tres regiones. Con esos informes no queremos que eso quede al aire en cuanto a lo que es el juicio oral”, dice Raúl Samillán, representante de las víctimas de las masacres.
En el contexto que pone en pugna la defensa de los derechos humanos, Raúl Samillán exhorta al respeto a la vida y a la dignidad humana.
“Nosotros pedimos al Estado las garantías de no repetición. Solo con el apoyo del pueblo nosotros vamos a continuar. También se les invita a todos los hermanos de las diferentes regiones donde se va a conmemorar los dos años para que acompañen. La vida de todos los hermanos, tiene el mismo valor, todos somos iguales ante la ley. Como dice la Constitución, se deben respetar el derecho a la vida y a la dignidad humana”, señaló.
La abogada Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, coincidió con Raúl Samillán, respecto a los avances alcanzados a casi dos años de las masacres en las protestas contra Dina Boluarte, tras la inhabilitación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
Jennie Dador destacó el rol de Raquel Cárdenas, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales. Señaló que bajo su encargatura de los casos se pudo avanzar con diligencias claves como determinar cadenas de mando, solicitudes de impedimento de salida, entre otras.
“Cuando sale Patricia Benavides, estas investigaciones empiezan a avanzar. Allí sí hay avances en identificación de perpetradores directos y también en construcción de la cadena de mando para llegar a las distintas responsabilidades penales que no tuvieron que ver con el disparo directo, pero que sí tendrían una responsabilidad, ya que conocieron los hechos y no hicieron nada para detenerlos”, señala Jennie Dador.
La especialista, sin embargo, expresó su preocupación respecto a algunas barreras en el acceso a la justicia que se puedan suscitar a partir de cambios de leyes impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo. Tal es el caso de la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores al 2002.
Jennie Dador sostuvo que, incluso, a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, no se han cumplido con la reparación completa, lo que reafirma las alarmas sobre el acceso a la justicia para los deudos de las masacres de hace dos años.
“El contexto, en general, es un contexto de impunidad y de amenaza a que luego no se pueda cumplir con las sentencias. Incluso estamos batallando con las sentencias de hace años que no se cumplen, que no se paga la reparación civil […]. Hemos visto que los casos de la época del Conflicto Armado Interno duran 20, 30 años, lo cual ya es una violación más a los Derechos Humanos”, añadió.
En la misma línea que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban remarca que la Policía Nacional el Perú urge ser reformada reforma. Además, recordó cómo, muchas veces, la violencia desde la institución policial apunta contra las mujeres y además, contra la ciudadanía en muestras públicas y abusivas.
“No solamente tenemos problemas de la Policía Nacional en relación con el tema de los feminicidios o con efectivos que cometan feminicidios, sino sobre todo con un uso abusivo de la fuerza pública que se viene demostrando a partir de la gran cantidad de personas fallecidas en conflictos. Entonces, lo que se requiere verdad es una reforma profunda de la Policía Nacional”, señala.
Rocío Silva Santisteban también abogó por el fortalecimiento de la cobertura del Ministerio de la Mujer, en lugar de proponer su cambio de nombre o eventual desaparición: “Pese a la situación precaria, de ineficacia de ciertos sectores del Estado Peruano con este gobierno, agregando la precaria institucionalidad, a pesar de todo eso, el Ministerio de la Mujer permite a muchas niñas y mujeres tener ciertas salidas como la línea 100, que permite que llames por teléfono y que alguien te acompañe. Todo eso aun cuando funcione mal: funciona. Lo que tenemos que hacer es mejorar todos esos programas en lugar de eliminarlos”.
Texto: WSV
Foto: Composición
Videos: Canal YouTube Rtve Noticias / Télam
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