Los abogados bolivianos Walter Zuleta y William Sánchez, que defendieron a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, en un juicio planteado por el gobernante, solicitaron refugio en Perú, informó hoy el Gobierno de Bolivia.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo a los medios que se ha confirmado que ambos juristas hicieron la semana pasada su petición a Perú, país al que ingresaron supuestamente en mayo pasado cuando la Fiscalía de La Paz ordenó su aprehensión.
Los abogados están acusados de haber sido parte de una trama montada por Zapata para presentar ante una jueza a un niño haciéndolo pasar como si fuera el hijo que tuvo con el presidente Morales en 2007.
«Ellos debían presentarse ante la Justicia (de Bolivia) para prestar una declaración, aportar información en el caso Zapata y en esa circunstancia abandonaron el país. Esa gente tiene problemas con la Justicia, no con el poder político», sostuvo Romero.
El ministro pidió a las autoridades peruanas no dar curso a esa solicitud y, en cambio, apoyen el mandamiento de aprehensión cursado por la Fiscalía de Bolivia, que está en manos de la Interpol.
Un tercer abogado de Zapata, Eduardo León, está en prisión en La Paz, acusado de haber sido parte también de ese montaje, al igual que los familiares del niño que se prestaron al engaño a cambio de dinero.
Una jueza que tomó declaraciones a ese menor concluyó en mayo pasado que en realidad no era hijo de la mujer y Morales.
Zapata inicialmente insistió en que el hijo que tuvo con Morales estaba con vida, aunque hace poco se retractó de todo afirmando que había muerto, tal como el mandatario lo señaló varias veces.
La decisión judicial sobre la inexistencia del hijo de Morales y Zapata permitió a la Fiscalía acusar a todos quienes estuvieron implicados en la presentación del niño contratado ante la jueza.
Romero dijo hoy que se ha contactado con su homólogo de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, para pedir su colaboración con los investigadores que confirmaron la presencia de los juristas en Lima.
«Él se ha comprometido a hacer un estudio jurídico con sus asesores y prestarnos la colaboración del caso», dijo Romero.
El ministro pidió a las autoridades peruanas analizar la forma en los dos abogados ingresaron a Perú, ya que su salida de Bolivia no fue legal al no estar registrada regularmente por Migración.
Romero no conoce los términos de la petición de refugio hecha por los abogados, pero insistió en que «sería muy poco serio» si se han declarado perseguidos políticos.
Zapata continúa presa en un penal de La Paz acusada de varios delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito y por haber usado oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negociaciones con inversores, según la sospecha de los fiscales del caso.
Zapata, que figuraba como abogada sin haber acabado la carrera universitaria, también era ejecutiva en la firma estatal china Camce, que obtuvo varios contratos millonarios con el Estado.
La oposición denunció un supuesto tráfico de influencias para favorecer a la Camce y una posible implicación de Morales, pero una comisión parlamentaria exculpó al mandatario y concluyó que las adjudicaciones se hicieron con legalidad y competitividad. EFE