LONDRES.- Las nuevas leyes promulgadas en China en 2015 entrañan graves peligros para los derechos humanos, advierte hoy Amnistía Internacional (AI), que destaca también la represión a gran escala lanzada contra abogados y activistas.
En su informe anual, AI explica que las autoridades chinas intensificaron el control sobre Internet, los medios de comunicación y el entorno académico, al tiempo que aumentaron las «confesiones» televisadas de detenidos.
La persecución religiosa en la provincia de Zhejiang prosiguió con la campaña de demolición de iglesias y de retirada de cruces cristianas, mientras los seguidores de Falun Gong continuaron siendo víctimas de persecución, detenciones, juicios injustos y tortura.
En la Región Autónoma Uigur de Sin-kiang, de mayoría musulmana, el gobierno regional promulgó nuevas normativas para controlar más los asuntos religiosos y prohibir las prácticas no autorizadas, al tiempo que las personas de etnia tibetana aún son víctimas de discriminación y restricciones en sus derechos.
Tenzin Deleg Rinpoche, religioso condenado en 2002 a cadena perpetua, murió en prisión y sus familiares fueron detenidos por reclamar su cadáver, que fue incinerado.
Los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y activistas sufrieron cada vez mayor acoso, detenciones y violencia.
Con la detención de la abogada Wang Yu (foto) y su familia, el 9 de julio, Pekín inició una oleada de represión sin precedentes, en la que fueron arrestados al menos 248 abogados y activistas.
Al concluir el año había 25 personas en paradero desconocido o bajo custodia, de las cuales al menos 12 -incluidos los conocidos abogados Zhou Shifeng, Sui Muqing, Li Heping y Wang Quanzhang- estaban recluidos por delitos contra la seguridad del Estado.
Al abogado Pu Zhiqiang le impusieron una condena condicional de tres años de prisión e inhabilitación por «incitar al odio étnico».
En abril, un tribunal de Pekín condenó a siete años de prisión a la periodista Gao Yu, por «desvelar secretos de Estado» tras difundir un documento del Partido Comunista que arremetía contra la libertad de prensa, la democracia y los derechos humanos.
De las más de 100 personas recluidas en China continental por apoyar las protestas del 2014 en Hong Kong, ocho continuaban recluidas en diciembre, y al menos dos denunciaron torturas.
En Hong Kong hubo 955 detenidos por participar en protestas en favor de la democracia en la llamada «Revolución de los Paraguas».
En marzo, cinco activistas de los derechos de la mujer -Wei Tingting, Wang Man, Wu Rongrong, Li Tingting y Zheng Churan- fueron detenidas cuando preparaban una campaña contra el acoso sexual.
En agosto, según los medios estatales, 197 personas fueron «castigadas» en una campaña del Ministerio de Seguridad Pública por difundir rumores sobre la Bolsa, la explosión de productos químicos en la ciudad de Tianjin u otras cuestiones.
Las estadísticas sobre la pena de muerte siguieron considerándose secreto de Estado mientras la tortura sigue siendo generalizada.
En octubre, el gobierno anunció cambios con respecto a la política de planificación familiar que ponían fin a la «política de un solo descendiente» y se permitía a las parejas tener dos hijos.
Pekín también anunció que tomaría medidas para regularizar la situación de los 13 millones de niños chinos que carecían de documentos, al haber nacido contraviniendo la antigua política.
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