En una sesión conjunta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología con la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, congresistas de diversas bancadas cuestionaron la ausencia del Estado y falta de atención ante la alta tasa de denuncias sobre violación sexual, tocamientos indebidos y acoso a niñas, niños y adolescentes escolares de la provincia de Condorcanqui, ubicado en el departamento Amazonas.
Al respecto, la congresista Esmeralda Limachi (CD-JP), presidenta de la Comisión de Protección para la Infancia, dijo que hará un seguimiento a las denuncias de tocamientos y violaciones a menores de edad, además, condenó que las autoridades no tengan mano firme contra esa situación
“No solo se han reportado violaciones sino contagios de VIH a menores. Este hecho no solamente vulnera gravemente los derechos de los niños y niñas, sino que refleja una alarmante indiferencia por parte de las autoridades del Estado. Por eso, hemos cursado los documentos y oficios a todas las autoridades involucradas”, manifestó la parlamentaria.
Por su parte, la congresista Francis Paredes señaló que la violencia sexual es una herida que marca de por vida y que se da por la falta de presencia del Estado en las comunidades. A su juicio, los casos de violaciones a menores de edad no es parte de una cultura como algunos quieren hacer creer.
“Nadie tiene derecho a dañar la honra de los menores. Y, lamentablemente, los casos (de violación) no han tenido ninguna investigación exhaustiva, no hay un Centro de Emergencia Mujer, sumado a la ausencia del Estado que no ha realizado su trabajo. Necesitamos fortalecer la presencia institucional y asegurar que los niños y adolescentes comprendan sus derechos a través de campañas de sensibilización”, manifestó.
A su turno, la parlamentaria Susel Paredes señaló que los niños y adolescentes de la provincia de Condorcanqui han sido olvidados por el Estado y que han pasados muchos gobiernos sin que se les tome en cuenta.
“Gestión tras gestión, ministro tras ministro, presidente tras presidente, no han hecho nada (…) Cuando una va, no pueden conversar con las autoridades porque son pura palabra, se puede conversar con las monjitas que están allá, a ellas yo las puedo creer. Se debe entregar el presupuesto directamente a ellos (comunidades), que ellos lo administren porque no hay Estado”, dijo.
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La congresista Ruth Luque (CD-JP) acotó que, en el año 2023, la Comisión de Pueblos Andinos, la cual preside, remitió un informe a todas las entidades del Estado, donde se recomienda declarar en emergencia y muchos pedidos al Ministerio de Salud en relación al VIH. “Conocemos perfectamente cada uno de los temas (…) Espero nos puedan respaldar en medidas que vamos a plantear”, dijo.
Para el congresista Pasión Dávila es necesario que se tomen medidas concretas para que las comunidades tengan servicios básicos y no se les abandonen.
“Que esto sirva para poder integrarnos y podamos desarrollar políticas sostenibles (…) Es necesario realizar un trabajo integral en salud, educación y agricultura”, sostuvo.
Desde la óptica del legislador Roberto Sánchez (CD-JP), es lamentable que el Estado no haya podido atender a las necesidades de una población “ni antes ni durante”, además, cuestionó que se gaste en viajes de supuestas supervisiones, informes, entre otras acciones que no han tenido efecto.
A juicio de la parlamentaria Flor Pablo se deben tomar acciones de inmediatas y no solo realizar mesas de diálogos, recoger información o dialogar con las personas, sino fiscalizar realmente para que el Gobierno cumpla con su deber.
“Hay que cambiar de nombre de mesa de diálogo a mesa de soluciones (…) Hay que monitorear lo que se necesita, una implementación con recursos humanos del Ministerio Público”, dijo.
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también brindó su posición la congresista Mery Infantes (FP), quien afirmó que existe mucha influencia de las ONG y de representantes de comunidades indígenas que no se identifican realmente con las necesidades de esas personas. “Hay mucha presión de entidades que no quieren que surjan estas comunidades”, indicó.
INVITADOS
En la sesión estuvo presente Leslie Villapolo Herrera, delegada del gobierno territorial Awajún, quien explicó que, desde el 2021, las organizaciones indígenas de 4 departamentos de la Amazonia norte: Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto se unieron para mejorar la gobernanza indígena y gestionar mejor los problemas que atañen a sus comunidades.
“Culturalmente las violaciones no son consentidas ni aprobadas por el pueblo Awajun, que tiene una tradición de protección de sus niños o niñas. Hay conductas que son prohibidas entre padres y niñas; existe una series de conductas para protegerlas (…) El pueblo Awajún realiza acciones frente a denuncia de violaciones”, manifestó.
También participó Romer Orrego Ikam, presidente de la comunidad de Ajachim y del Consejo Aguaruna-Huambisa, así como Teófilo Kukush Paati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís. Asimismo, expusieron representantes de los ministerios de Educación, Salud, Interior, entre otras entidades del Estado.
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