MADRID.- Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy al gobierno español de que el «uso abusivo» de la aplicación de las leyes antiterroristas está provocando «una autocensura cada vez mayor» y, en general, «un efecto inhibitorio de la libertad de expresión» en el país.
En el informe Tuitea… si te atreves, publicado hoy, la organización analiza cómo se han multiplicado en los últimos años las condenas impuestas por la justicia española a periodistas, artistas y usuarios de redes sociales en aplicación del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el «enaltecimiento» del terrorismo y la «humillación de las víctimas de los delitos terroristas».
En concreto, AI destaca en el documento que de una persona condenada en 2011 en base a dicho artículo, se pasó a 15 en 2012, a 7 en 2013 y a 12 en 2014.
Fue a partir de 2015, coincidiendo con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando esa cifra se disparó, para pasar de las 18 personas condenadas ese año a las 31 del pasado, aunque el máximo se produjo en 2016 con 35.
Desde entonces, «las autoridades han impuesto decenas de miles de multas a manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica», lamenta la organización de derechos humanos.
Critica además la «imprecisión» y generalidad de la redacción de las disposiciones antiterroristas españolas.
Según el informe, la inmensa mayoría de los procesados en esos años, nueve de cada diez, lo fueron en relación a grupos armados «internos, disueltos o inactivos actualmente».
De las 117 sentencias dictadas en ese periodo en relación con el «enaltecimiento», solo 14 estaban relacionadas con grupos extranjeras como el yihadista Estado Islámico (EI).
De ahí que el informe destaque que la mayor parte de los casos no cumplen con uno de los requisitos establecidos en el derecho internacional sobre restricciones de la libertad de expresión, y es que éstas se acometan cuando sean estrictamente necesarias y proporcionales para el fin legítimo de la seguridad nacional.
Otro de los fines legítimos para esa limitación es la de reprimir la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación, pero «criminalizar ciertas expresiones por considerar que entrañan humillación de las víctimas de los delitos terroristas no cumple estos requisitos», añade el documento de Amnistía.
También recoge casos como los de los tuiteros Arkaitz Terrón y Cassandra Vera, los integrantes de un grupo de títeres Alfonso Lázaro y Raúl García, los raperos César Strawberry y Pablo Hasél o el periodista Boro LH.
Para todos ellos, según Amnistía, la aplicación del artículo 578 ha supuesto un «impacto devastador», desde cuantiosas multas a largos periodos de inhabilitación, pasando por las penas de prisión.
«La criminalización de un abanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos», critica la organización.
Por todo ello, exige la derogación del artículo 578 y la garantía de que solo se penalizarán las expresiones que «animen a otras personas a cometer un delito reconocible con la intención de incitarlas a cometer dicho acto y con una probabilidad razonable de que lo lleven a cabo».
También solicita que se retiren los cargos formulados contra cualquier persona que solo ha ejercido «pacíficamente» su derecho a la libertad de expresión, así como la puesta en libertad «inmediata e incondicional» de todos los encarcelados o detenidos por estos delitos.
Por último, AI aboga por leyes y procedimientos efectivos, incluyendo la asistencia letrada gratuita, para que las víctimas del terrorismo puedan interponer demandas civiles contra los autores de los atentados, sus bienes, sus organizaciones u otras entidades que hayan contribuido a la comisión de los delitos.
EFE/Foto: eldia.es