El caso de las esterilizaciones forzadas practicadas en el Perú durante la década de los años noventa es el más emblemático en América Latina, señaló este miércoles 21 Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), organización que lanzó la campaña ‘Contra su voluntad’, dirigida a establecer un registro de víctimas de este tipo de intervenciones.
“A pesar de que documentamos casos en otros países de la región como México y Guatemala, no hemos constatado una situación tan grave como la de las esterilizaciones forzadas en Perú”, indicó Guevara-Rosas.
La representante para las Américas de Amnistía Internacional manifestó que este “es un caso emblemático de violación de los derechos humanos de las mujeres” en América Latina, no solo por su dimensión numérica, sino porque se estableció a través de una política de Estado”.
Indicó que para AI las intervenciones médicas de este tipo practicadas en la dictadura de Alberto Fujimori formaron “parte de un programa de planificación familiar”, aplicado por el régimen de ese entonces.
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El organismo internacional lanzó este miércoles 21 una campaña que busca crear un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Acompañada por representantes de AI en el Perú y abogados de las víctimas, Guevara-Rosas indicó que la movilización tiene por objeto sensibilizar al Estado para que implemente un registro integral de personas afectadas por estas prácticas.
Busca, asimismo, la aplicación de sanciones penales a quienes resulten responsables de la puesta en práctica de estas operaciones quirúrgicas y la creación de una política pública de reparación a las víctimas, que incluya el acceso a la atención de salud mental y al pago de una reparación económica. Llegar a este estado de cosas después de 13 años de investigación es necesario, aseveró.
También participó en la rueda de prensa Esperanza Huayama, natural de Huancabamba, Cusco, quien afirmó haber sido objeto de una intervención por médicos del Ministerio de Salud, que la dejó estéril.
Pidió a la fiscal Marcela Gutiérrez, encargada de esa investigación, tomar las medidas correspondientes, tras conocer los testimonios de más de 200 mil mujeres afectadas por las esterilizaciones sin consentimiento, de 1996 a 1999, principalmente en zonas altoandinas.
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