El presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), Andrés Alcántara Paredes, denunció que desde que se promulgó la ley 29625 aprobada en Referéndum que ordena la devolución del dinero a los trabajadores que aportaron al ex fondo de vivienda, una tarea de demolición para traerse abajo la norma ha unido a los distintos gobiernos en estos últimos años
Alcántara Paredes denunció que tras el Referéndum que fuera aprobado en las urnas con el respaldo de nueve millones ciudadanos, los diferentes gobernantes se han desesperado por actuar en contra de la voluntad del pueblo y la ley soberana que ganaron los fonavistas.
En una recopilación de lo que ha sucedido estos años, recordó que el JNE se opuso desde un primer momento dar pase al Referéndum cuando estaba en la presidencia del ente electoral Enrique Mendoza Ramírez, actual ministro de Justicia.
Mendoza Ramírez-en contra de su voluntad- accedió a que se realizara el Referéndum no sin antes dejar constancia que en la votación del JNE se opuso y fue finalmente el único voto opositor.
El primer acto de gobierno del pueblo fue el Referéndum que fue aprobado en las elecciones del 3 de octubre de 2010 junto con las elecciones Municipales y Regionales. La abrumadora respuesta al “sí” superó los nueve millones contra el “no” que defendía Alan García Pérez en ese entonces presidente de la República.
Otro acto malicioso para traerse abajo la ley 29625 ocurrió cuando en un acto desleal el 10 de febrero del 2012 el Colegio de Abogados del Callao hizo una demanda inconstitucional contra la ley de devolución.
“Contra los golpes desleales había que actuar y de ese modo tomamos acción al promover que los fonavistas enviaran cartas al TC que en suma de 15 mil hizo que se desistiera la abusiva demanda del Colegio de Abogados del Callao”, precisó.
En la breve cronología de las acciones contra la ley 29625 aparece la norma 30114 que aparte de abusiva atenta contra la devolución de más 300 mil fonavistas y fija 10.69 soles por mes aportado.
Alcántara indicó que por ese motivo se hizo la demanda de inconstitucionalidad contra la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114, de Presupuesto del Sector Público.
El TC admitió la demanda y en la causa de la vista del 17 de noviembre en Arequipa, los fonavistas sustentaron que la ley 30114 es ilegal y por lo tanto debe ser desactivada para que sea solamente la ley 29625 la que sirva para la devolución total del dinero a los fonavistas.
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