La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP condena la agresión de la que ha sido víctima el periodista Juan José Santy Cusiatán, reportero de HBA noticias, mientras realizaba la cobertura de un incendio en el local del Gobierno Regional de Arequipa.
El hecho ocurrió el reciente martes 2 de abril, alrededor del mediodía. El reportero, quien ingresó al local del gobierno regional identificándose como periodista, estaba realizando una transmisión en vivo para el Facebook del medio de comunicación para el que trabaja en instantes en que los bomberos venían atendiendo la emergencia. En esas circunstancias un empleado de dicha entidad del Estado le exigió de forma altanera que dejara de grabar.
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Santy Cusiatán alegó que se encontraba en una entidad pública, por lo que se negó a dejar de transmitir. En el video de dicho reporte se observa claramente como el empleado llama al personal de seguridad para que amedrentara al periodista y le impida por la fuerza hacer su trabajo. Los agentes de seguridad intentaron a manotazos arrebatarle su celular pero no lo consiguieron. El reportero se vio forzado a abandonar el lugar.
En los exteriores del Gobierno Regional el reportero intentó grabar desde esa posición, sin embargo, nuevamente se acercaron agentes de seguridad para impedírselo.
Luego que Juan José Santy Cusiatán se retirara del lugar de los hechos el personal del Gobierno Regional de Arequipa llamó al gerente de HBA noticias para que retiren el video de sus redes sociales, pedido que les fue negado por el medio de comunicación.
La ANP saluda la rápida respuesta de HBA noticias que denunció este hecho ante las autoridades policiales para que se investigue lo sucedido y se identifique a los responsables de esta agresión contra su reportero.
Ante esta grosera obstrucción al trabajo periodístico nos preguntamos, ¿Por qué no se quería que se registre y se difunda un siniestro en una dependencia pública?
La ANP no solo demanda pleno respeto al trabajo de nuestros colegas sino que les recuerda a los funcionarios públicos que lo que ocurra en las dependencias del Estado constituyen hechos de interés público y que cualquier tipo de obstrucción a la labor de un periodista representa un grave atentado a la libertad de prensa.
La ANP exige en este caso se identifiquen responsabilidades y que no se normalice ni quede impune este tipo de prácticas que son lesivas al derecho a la información de la colectividad.
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