ANP denuncia 740 ataques a la prensa en dos años de gestión de Dina Boluarte
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Entre el 7 de diciembre de 2022 (fecha en que inició la gestión de Dina Boluarte) y el 7 de diciembre de 2024, la prensa peruana ha enfrentado un total de 740 ataques, según el registro de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Si bien los tipos de agresión varían en el transcurso de este tiempo, la amenaza y el hostigamiento se destacan como los más comunes, con un total de 298 incidentes. Estas arremetidas no solo se limitan a agresiones físicas o verbales, sino que incluyen amenazas legislativas, ciberataques, y presiones judiciales, que afectan tanto la seguridad de los periodistas como su capacidad para informar libremente.

Los datos señalan que los funcionarios públicos son responsables de 217 ataques (más del 29% del total), lo que pone de manifiesto la preocupación de que las amenazas y agresiones provienen de quienes están en el poder. Este dato es especialmente alarmante, pues refleja una vulneración de los derechos de la prensa por parte de quienes deberían garantizarla.

 

 

El Ejecutivo al ataque del periodismo

El Poder Ejecutivo acumuló 44 casos de agresión a periodistas durante estos dos años. La propia presidenta Boluarte ha protagonizado episodios de confrontación, como el 18 de setiembre de 2023, cuando calificó de «agresiva» a la periodista Angélica Valdés tras una reunión en Nueva York. En noviembre de 2023, criticó un reportaje de Cuarto Poder que revelaba reuniones secretas de su hermano Nicanor Boluarte, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, calificándolo de difamatorio.

En 2024, su hostilidad aumentó. El 5 de abril evitó responder sobre el escándalo del Rolex, y el 16 de septiembre, en Pomacocha, contestó agresivamente al periodista Luis Chuqui: “¡No necesito sus lágrimas!”. En octubre, la presidenta denunció un supuesto «terrorismo de imagen», acusando a medios de desestabilizar su gobierno con noticias falsas.

A estos incidentes se suman restricciones directas al acceso a la información, como las sufridas por periodistas en Piura, Huaral y San Martín, donde fueron retenidos o bloqueados durante sus visitas oficiales. En el suceso más reciente, el 31 de octubre en Juanjuí, región San Martín, un grupo de aproximadamente 15 periodistas de medios locales fue retenido, encerrados entre rejas hasta que Boluarte se retiró del evento. Este patrón se ha vuelto habitual en las actividades oficiales de Presidencia.

 

 

El ministro Juan José Santiváñez ha registrado al menos 16 incidentes de ataques, entre los que destacan estigmatizaciones y amenazas, desde que asumió el cargo el 16 de mayo del 2024. Entre ellos, calificó de «fracasado» al periodista Marco Sifuentes y amenazó con iniciar acciones legales contra Ricardo Velazco y César Hildebrandt.

El 18 de setiembre de 2024, a través de Whatsapp, amenazó a Karla Ramírez Camarena, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana TV, por “difamarlo” y, ante una respuesta de la periodista que defendió su publicación, Santiváñez adoptó un tono más agresivo: «Yo no llamo a los periodistas difamadores señorita Karla. Solo a usted. Finalmente corro toda comunicación y espere mis acciones legales. Gracias. Lo suyo no es libertad, es delito».

También fueron utilizadas las redes sociales oficiales del Ministerio del Interior para desacreditar reportajes y advertir campañas de desprestigio.

 

 

Un entorno más hostil

Con un promedio de un ataque diario, la agresión a la prensa se ha convertido en un problema estructural. La implicación de funcionarios públicos y agentes de seguridad agrava esta situación, evidenciando la fragilidad de la libertad de prensa y la necesidad urgente de garantías para el ejercicio periodístico en el Perú. Los agentes de seguridad y los civiles también han estado involucrados en un número significativo de ataques, con 170 y 297 incidentes, respectivamente.

Autoridades locales, como gobernadores regionales, alcaldes y también congresistas figuran en la lista de agresores. De los 217 ataques perpetrados por funcionarios públicos, 39 (18%) provienen del Congreso, evidenciando que la violencia contra la prensa no solo se limita al Ejecutivo, sino que también involucra al Legislativo. Encontramos desde proyectos de ley que buscan limitar el trabajo de la prensa, hasta agresiones verbales como las protagonizadas por los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi o Darwin Espinoza Vargas, de Podemos Perú y Acción Popular respectivamente. Flores Ancachi no tuvo reparos en utilizar palabras soeces en contra del reportero Eduardo Quispe de Cuarto Poder como respuesta a sus consultas por el caso ‘Los Niños’. Mientras que, Espinoza, al contactarse con él un periodista de Ojo Público para pedirle sus descargos como parte de un reportaje, respondió: “saquen lo que mierda quieran”.

Otros funcionarios que figuran con varios ataques son el alcalde de Lima, Rafael López Aliagam, o el de Miraflores, Carlos Canales, ambos pertenecientes a Renovación Popular.

Si bien la amenaza es el ataque más común, las agresiones físicas y verbales representan el 30% de incidentes, con 222 ocurrencias registradas en los dos años de gestión de la presidenta, sobre todo en protestas sociales en su contra.

Esta cifra refleja un año de creciente violencia contra periodistas, especialmente en un contexto de polarización política en el país. En paralelo, los bloqueos al acceso a la información se han convertido en otra forma de censura, con 128 ataques (de los cuales 64 ocurrieron en 2024), limitando la capacidad de los periodistas para obtener datos relevantes para sus reportajes, viniendo desde fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa y en una abierta vulneración a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los medios digitales han sido los más hostilizados, con 327 ataques, lo que representa casi la mitad de los incidentes totales. Los medios televisivos y radiales también sufren, pero con menos incidencia: 197 y 117 ataques, respectivamente. Esto confirma una tendencia donde los medios de comunicación digitales, se convierten en los blancos más frecuentes.

La violencia contra las mujeres periodistas es un tema clave. De los 740 ataques, 161 han sido dirigidos a mujeres, lo que equivale al 21% del total. Este dato subraya que, aunque los ataques a la prensa afectan por igual a hombres y mujeres, las periodistas enfrentan una agresión diferenciada que puede estar vinculada a estigmatización o amenazas adicionales relacionadas con su género, como el acoso sufrido por cinco reporteras por Hialmar Laynes Sánchez, quien por más de un año ejerció sistemáticamente constantes actos de acoso sexual, intimidación y amenazas, ante inacción de autoridades. Ahora, el agresor está prófugo y el Ministerio del Interior no ha podido atraparlo, pese a promesas.

Los hombres, por su parte, han sufrido 387 ataques, siendo los más afectados por las agresiones físicas y las amenazas. Los medios también sufren ataques, pero en menor medida (192 incidentes), lo que indica que la violencia institucionalizada también afecta la libertad de los medios en general.

 

 

Libertad de prensa sin protección

Con un total de 740 ataques en dos años, la agresión a periodistas se ha convertido en un problema sistémico, donde el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas son la norma, registrando en promedio un caso diario. La implicación de funcionarios públicos y agentes de seguridad en la mayoría de estos genera una preocupación alarmante sobre el respeto a la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos en el país.

Que entre diciembre del 2022 y diciembre del 2024 las cifras de ataques a periodistas y medios haya incrementado de forma tan considerable evidencia que la gestión de Dina Boluarte incumple el mandato de la CIDH de asegurar un entorno seguro para el ejercicio periodístico y confirma una hostilidad creciente del Poder Ejecutivo, Legislativo y otros contra la prensa.

 

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