La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por la situación del periodista Carlos Yofré López Sifuentes, del portal web Barranca.pe, quien sería víctima de hostigamiento y persecución judicial.
Como se recuerda, el hombre de prensa ha revelado, criticado y cuestionado irregularidades al interior de la Corte Superior de Justicia de Huaura durante el mandato del ahora exmagistrado Víctor Raúl Reyes Alvarado, hoy suspendido del cargo.
El periodista en los últimos años citó declaraciones, fuentes documentarias e informes periodísticos que ponían en cuestión la actuación de algunos magistrados. Ello resultó en querellas en su contra, de forma casi secuencial, con la clara intención de silenciarlo.
En las últimas semanas el periodista ha tenido que enfrentar procesos seguidos en su contra por la Jueza Superior Provisional de la Sala de Apelaciones de Huaura, Juana Mercedes Caballero García y el exjuez superior Víctor Raúl Reyes Alvarado.
En el primer caso la audiencia de instalación de juicio se realizó el reciente 12 de agosto. La magistrada Caballero García querelló al periodista del portal Barranca.pe por la presunta comisión de los delitos de calumnia, difamación e injuria.
Según argumenta la jueza superior, el periodista habría mancillado su honor al cuestionarla, en una serie de publicaciones, luego de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca, José Elgar Marreros Saucedo en el 2017, a quien se le seguía un proceso por aprovechamiento indebido del cargo y ocultamiento de documentos en agravio del Estado.
El periodista había publicado notas en las que recordaba decisiones judiciales de la Dra Caballero en casos controvertidos como la liberación de Benedicto Jiménez (implicado en el caso Orellana); además de citar una investigación periodística que revelaba el incremento de su patrimonio en más del 600% en un año; entre otros.
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Este proceso se desarrolla en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, a cargo de la magistrada Keyli Mery Garay Robles. La querella solicita tres años de pena privativa de la libertad, doscientos días multa y cien mil soles de reparación civil.
En el segundo caso el periodista fue sentenciado el 5 de agosto por la querella que le interpuso el exjuez superior Víctor Raúl Reyes Alvarado, quien afirma que el periodista habría perjudicado su honor al haber difundido una denuncia que tenía por acoso sexual a una asesora -la que le valió ser suspendido de sus funciones-, años atrás.
La defensa del periodista expresa que Carlos Yofré López Sifuentes se limitó a citar declaraciones de personas implicadas en el caso, replicar la denuncia -que es real- y dar opinión sobre ella.
Pese a esto, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Barranca, a cargo del juez Williams Lezameta Rueda, condenó al periodista a dos años de prisión suspendida, doscientos cuarenta días multa y el pago de 50 mil soles de reparación civil.
Agrava la situación del periodista el permanecer, desde el 16 de julio, privado de su libertad en el penal de Carquín, en la provincia de Huaura, por una deuda alimentaria, medida dictada a pesar de que el periodista y su defensa confirman la cancelación de la misma. El abogado del periodista ha presentado el 30 de julio último, la documentación que acredita dicho abono. Carlos Yofré López Sifuentes continúa en prisión a la espera de que el juez disponga su libertad.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú demanda la inmediata libertad del periodista y requiere la sala superior revise la sentencia por difamación en el proceso seguido en su contra por el exjuez superior Víctor Raúl Reyes Alvarado. Al mismo tiempo, se encuentra alerta ante la posibilidad de que sea sentenciado en esta segunda causa.
La ANP insta a los jueces a preservar el principio de independencia frente a la carta pública del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, en la que hace escarnio de la privación de la libertad del colega y ha puesto en cuestión su actividad informativa. Dicha misiva de quien ostenta el más alto cargo de responsabilidad en la administración de justicia en la provincia puede resultar en una suerte de interferencia judicial.
Finalmente, la ANP insiste en la necesidad de despenalizar los denominados delitos contra el honor. Los procesos seguidos contra el periodista del portal Barranca.pe evidencian, una vez más, que el peligro de prisión se convierte en un factor inhibitorio que limitan la libertad de prensa al castigar las críticas a funcionarios públicos.