La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ante el inminente debate en el Pleno del Congreso de la República del dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que regula la publicidad estatal advierte:
Que si bien reconocemos la necesidad de regular la contratación de publicidad estatal a nivel nacional, vemos con preocupación que no se haya realizado un debate descentralizado que permita conocer la realidad de las pequeñas y medianas empresas de prensa impresa, digital y radioteledifusión del interior del país.
Que de la lectura íntegra del texto percibimos que se sigue legislando pensando solo en las cadenas de radio, televisión y diarios de alcance nacional, estando ausente la forma de operar de los medios en las regiones. El modelo propuesto de contratación llega a ser inaplicable en las zonas más apartadas del país donde precisamente la publicidad estatal suele ser la principal fuente de subsistencia de espacios periodísticos concesionados y pequeños medios.
Que la nueva ley -de ser aprobada por el pleno sin modificaciones- perjudicaría a los periodistas que autogestionan sus medios ya que concentra la contratación en las denominadas centrales de medios que operan en su mayoría desde la capital de la República existiendo una ausencia visible de centrales de medios de carácter regional que requerirían de una fuerte inversión para llevar adelante estudios serios de lectoría, sintonía y rating. Las mediciones deberían incluir, además, datos de medios pequeños para que su utilización como herramienta de adjudicación no se convierta en una barrera indirecta al ejercicio de la libertad de expresión al marginarlos del otorgamiento de publicidad oficial.
Que detectamos actualmente una suerte de competencia desleal que no está siendo atendida por la ley, las cadenas nacionales otorgan como bonificación la publicidad en sus filiales lo que excluye inminentemente la posibilidad de contratación en otros medios locales y regionales. En este nuevo marco normativo no se vislumbra ninguna variación en equidad o trato igualitario e inclusivo de medios locales y regionales en relación con las cadenas nacionales.
Que un análisis de este tema debe llevarnos a un profundo estudio del ecosistema de medios en nuestro país lo que revelará que hay un oligopolio que a través de repetidoras o adquisición de frecuencias han logrado convertirse en los privilegiados de todo tipo de negociación de la publicidad del gobierno central.
Por todo ello, exhortamos a la representación nacional a no centrar la discusión sólo en el reparto de publicidad en las grandes empresas nacionales de comunicación sino pensar de manera global en las más de 7,000 estaciones de radio, televisión y diarios que hay en todo el territorio patrio que en su condición de medios locales son el primer canal de información de los ciudadanos de dichas circunscripciones.
Finalmente, recordar a quienes tienen la responsabilidad de legislar que los Estados deben establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. La pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. Dicho uso debe encontrarse explícitamente sancionado.
Lima, 21 de agosto del 2019
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL