La Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace de conocimiento de la ciudadanía y, en particular de las autoridades de los poderes del Estado, su preocupación y, al mismo tiempo, enérgico rechazo, a la disposición dictada por el Fiscal de la Nación Dr. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, quien con tal medida atropella el derecho a la libertad de prensa, en circunstancias en que la ciudadanía viene tomando conocimiento público de una serie de actos de corrupción en el sistema judicial del país.
La orden hecha llegar a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, para que inicie una investigación, según Chávarry Vallejos de “irregular divulgación”, con referencia puntual a los audios que revelan actos censurables, que no deberían haber sido perpetrados por jueces, fiscales, abogados, empresarios e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), incluyendo al mismo mencionado Fiscal de la Nación, es interpretada por nuestro gremio, que cuenta con 106 asociaciones provinciales de periodistas en todo el territorio nacional, como una medida atentatoria que afecta tanto la libertad de información como al derecho a guardar el secreto profesional de todo ciudadano y en este caso de los periodistas.
El contenido del oficio número 570-2018-MP-FN de fecha 3 de agosto del año en curso, remitido al Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien entonces ejercía la jefatura de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público y luego fuera descubierto como uno de los protagonistas de los audios por sus diálogos con el suspendido juez supremo César Hinostroza, pone en clamoroso riesgo el cumplimiento del deber ético del periodismo en nuestro país y, de la misma manera, la tarea de esclarecimiento de los actos ilícitos y cuando menos faltos de moral, que realiza la Policía Nacional y muestra una predisposición de manipular y obstaculizar las acciones de los fiscales, que llevan adelante labores muy complicadas tal cual demanda la ciudadanía para desterrar del sistema judicial la deficiente administración de justicia y el castigo a quienes han hecho de la corrupción un medio de enriquecimiento ilícito y de poder político que perjudica la fragilidad de la democracia.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), tiene el deber de respaldar y alentar la labor periodística de medios escritos, televisivos, radiales y digitales que, por encima de amenazas de toda índole, están dando a conocer los audios grabados, y cuyo contenido son de pleno conocimiento de la autoridad judicial que ordenó tal labor.
¡La democracia peligra si se oculta la corrupción de los poderosos!
10 de agosto del 2018
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL